MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este lunes nuevas restricciones a la expedición de visados para los funcionarios chinos a los que consideren cómplices de "políticas o medidas destinadas a reprimir" prácticas religiosas, grupos étnicos minoritarios y defensores de los Derechos Humanos.
En un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha asegurado que "los gobernantes autoritarios de China imponen restricciones draconianas a las libertades de expresión, religión o creencia, asociación y el derecho de reunión pacífica del pueblo chino".
Ante esto, el Gobierno de Estados Unidos "ha dejado claro que los autores de abusos de los Derechos Humanos como estos no son bienvenidos", por lo que ha impuesto restricciones adicionales en virtud del artículo 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Estarán sujetos a estas restricciones los funcionarios chinos que haya sido "cómplices" de "reprimir a los practicantes religiosos y espirituales, los miembros de grupos étnicos minoritarios, los disidentes, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los organizadores laborales, los organizadores de la sociedad civil y los manifestantes pacíficos".
Además de los propios funcionarios, sus familiares también podrán estar sujetos a restricciones adicionales.
Esta medida, según ha resaltado Pompeo, tiene el objetivo de responsabilizar del "aumento de la represión" al Partido Comunista Chino (PCC), y se enmarca en una estrategia llevada a cabo por el Departamento de Estado durante 2020 en la que se han impuesto restricciones de visado y sanciones financieras a "los funcionarios del PCC involucrados en los horribles abusos que se están produciendo en Xinjiang, las restricciones de acceso a Tíbet y la destrucción de la prometida autonomía de Hong Kong".
No obstante, con estas nuevas restricciones Estados Unidos va un paso más allá y abre la puerta a que todos los oficiales del PCC que participen en "actividades represivas, independientemente de su ubicación", puedan someterse a ellas.
El escrito acaba pidiendo la liberación "inmediata" de los activistas detenidos, como el abogado Xu Zhiyong, el activista Huang Qi o el académico uigur Ilham Tohti, e instando al PCC a "respetar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales a que tiene derecho el pueblo de China en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos".