WASHINGTON, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su "preocupación" por la revisión de los registros telefónicos de la agencia de noticias AP por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos porque "puede afectar el ejercicio de un periodismo libre al poner en riesgo la confidencialidad de las fuentes".
La Relatoría Especial ha advertido de que "este tipo de prácticas pueden perjudicar el ejercicio de un periodismo libre al afectar al derecho de los periodistas a mantener en secreto la identidad de sus fuentes, como está reflejado en el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH".
"La importancia del derecho a la confidencialidad de las fuentes reside en que, a fin de proveer al público de información necesaria, los periodistas realizan un importante servicio cuando recaban y difunden información que no sería divulgada si la reserva de las fuentes no estuviera protegida", ha explicado.
"La confidencialidad, por lo tanto, es esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que cumplen en la sociedad de informar sobre asuntos de interés público", ha sostenido la Relatoría Especial a través de un comunicado difundido por la CIDH.
Por ello, ha considerado que "cuando resulta completamente indispensable realizar este tipo de acciones, no basta con el cumplimiento de las garantías del debido proceso". "Es necesario notificar a los implicados para prevenirles sobre las acciones llevadas a cabo para que puedan proteger a sus fuentes", ha indicado.
Además, la Relatoría Especial ha recordado al Estado estadounidense "la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para evitar poner en peligro esta garantía fundamental para el ejercicio de un periodismo libre".
REGISTROS TELEFÓNICOS
El caso se destapó el pasado 10 de mayo, cuando AP recibió una carta de la Fiscalía del Distrito de Columbia para notificarle que el Departamento de Justicia había obtenido, sin previo aviso, los registros telefónicos de más de 20 líneas utilizadas por editores y periodistas de la agencia de noticias entre abril y mayo de 2012.
En respuesta, el presidente de AP, Gary B. Pruitt, envió una carta de protesta al fiscal general, Eric Holder, en la que objeta "en los términos más fuertes la masiva y sin precedentes intrusión del Departamento de Justicia en las actividades de recolección de noticias de AP".
"Los registros telefónicos revelan comunicaciones con fuentes confidenciales a través de todas las actividades de recolección de noticias realizadas por AP durante un periodo de dos meses, proporcionan una 'hoja de ruta' para las operaciones de recolección de noticias de AP y revelan información acerca de las actividades y operaciones de AP que el gobierno no tiene derecho a conocer", dijo.
En una rueda de prensa, Holder explicó que el Departamento de Justicia accedió a los registros telefónicos de AP en el marco de una investigación sobre una "filtración de información muy seria" que puso al "pueblo estadounidense en peligro", por lo que "tratar de determinar quién fue el responsable, requería acciones muy firmes".
"El Departamento de Justicia se esfuerza por alcanzar en cada caso un equilibrio adecuado entre el interés público por la libre circulación de información y el interés público por la protección de la seguridad nacional y la aplicación efectiva de las leyes penales", añadió el fiscal general adjunto, James Cole.
Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, aclaró que la Presidencia no tenía conocimiento de ningún intento por parte del Departamento de Justicia de acceder a los registros telefónicos de la agencia de noticias.
"El presidente (Barack Obama) cree que la prensa necesita, en principio, tener la posibilidad de realizar periodismo de investigación sin restricciones, pero también considera que no se puede permitir que información clasificada, que pueda afectar a la seguridad nacional, sea filtrada", apuntó.