Denuncia que Colombia es el país con más asesinatos de sindicalistas en el mundo y lamenta la "tolerancia" hacia los paramilitares
NUEVA YORK, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha reclamado al Congreso norteamericano que exija el "cumplimiento riguroso" de los compromisos de Derechos Humanos asumidos por los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Colombia, Juan Manuel Santos, antes de aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.
Ambos mandatarios acordaron ayer jueves en la Casa Blanca un plan de acción para conseguir la aprobación del TLC en el Congreso estadounidense. Según Santos, citado este viernes por la prensa de su país, el Gobierno norteamericano iniciará el próximo 22 de abril el proceso de tramitación del Tratado ante el Congreso.
El Gobierno de Obama ha advertido de que Colombia debe cumplir satisfactoriamente algunas medidas previstas en el plan de acción como requisito previo para la ratificación del tratado de comercio, en particular los compromisos en materia de protección de los trabajadores colombianos y de fortalecimiento de la justicia.
"El Gobierno de Obama ha reconocido acertadamente la necesidad de supeditar la ratificación del TLC a que se otorgue protección a los sindicalistas colombianos, que durante décadas han sido asesinados en números alarmantes", afirmó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
"Sin embargo, los compromisos anunciados, pese a ser muy importantes en algunas áreas, eluden un aspecto sustancial del problema: la existencia de poderosos grupos armados que son responsables de gran parte de los hechos de violencia contra sindicalistas y otros abusos", advirtió.
"Para que pueda tener impacto, el plan de acción deberá cumplirse con rigurosidad, y el cumplimiento deberá medirse en función de resultados concretos", destacó Vivanco.
SINDICALISTAS
Según HRW, Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo, y según datos de la Escuela Nacional Sindical (ENS) --la principal organización no gubernamental colombiana dedicada a la supervisión de los derechos laborales--, han sido más de 2.800 los asesinatos denunciados desde 1986.
Los niveles de violencia contra el sindicalismo continúan siendo "alarmantes", según la organización. La ENS ha indicado que, después de reducirse a 39 en 2007, la cantidad de asesinatos de sindicalistas se incrementó nuevamente a 51 en 2008, 47 en 2009, y 51 en 2010.
Aparte, según HRW, "son pocos los casos de asesinatos de sindicalistas en los cuales se consigue justicia". Solo el 25 por ciento de los más de 2.800 asesinatos de sindicalistas documentados por la ENS están siendo investigados por la subunidad de la Fiscalía General de la Nación encargada de la investigación penal de estos delitos.
Asimismo, según fuentes oficiales, hasta octubre de 2010 solo se habían dictado condenados en un 15 por ciento de los ya de por sí pocos casos de delitos contra sindicalistas que habían sido investigados por la unidad especializada.
PARAMILITARES
"Si bien la mayoría de los asesinatos de sindicalistas nunca han sido investigados, hay pruebas suficientes que indican que gran parte de estos crímenes fueron cometidos por organizaciones paramilitares de derecha y sus grupos sucesores", advirtió HRW.
"Es común que los grupos sucesores del paramilitarismo ataquen a sindicalistas y cometan atrocidades contra civiles en forma generalizada, como masacres, asesinatos, violaciones sexuales y desplazamientos forzados", prosiguió.
"A estos grupos se debe el incremento del 34 por ciento registrado en la cantidad de masacres perpetradas durante 2010, y el servicio de inteligencia de Colombia (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) estima que son responsables del 40 por ciento de los homicidios cometidos en el país", aseguró la organización.
"La tolerancia de estas organizaciones por parte de algunos funcionarios locales y miembros de las fuerzas de seguridad pública contribuye significativamente a su crecimiento", lamentó HRW.
En este sentido, recordó que el plan anunciado el pasado mes de febrero por Santos para combatir a los grupos sucesores de los paramilitares --"bandas criminales emergentes", según los términos del Gobierno-- "aún no ha sido implementado totalmente y no ha conseguido reducir los abusos contra civiles".