MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
EQUO ha reclamado este martes al Gobierno de Mariano Rajoy que conceda asilo político al ex agente de Inteligencia de Estados Unidos Edward Snowden tras su petición a 21 países, entre ellos España, y que explique qué medidas va a poner en marcha para proteger la intimidad de los ciudadanos españoles.
En un comunicado, la formación ha recordado que la legislación española establece que la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por su actividad política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puede, a causa de dichos temores, o no quiere, acogerse a la protección de tal país.
En este caso concreto, señala EQUO, es "evidente" que la retirada del pasaporte estadounidense a Snowden, "sin juicio previo y por la revelación de una actividad a todas luces ilícita de las agencias de inteligencia y seguridad de su país" le hace "merecedor de la condición de refugiado".
Asimismo, ha recordado que el artículo 18 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones, mientras que el artículo 17 de la Ley de Asilo indica que la comparecencia física de la persona que solicita el asilo ante las autoridades españolas no es imprescindible "en caso de imposibilidad física o legal" y debe realizarse "sin demora y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en el territorio español o, en todo caso, desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves".
EXCUSA FORMAL
"Es decir, se trata de una condición o la otra y en este caso, ya que Snowden no ha entrado en territorio español, debe atenderse la admisión a trámite de la petición de asilo", ha precisado EQUO, que ha incidido en que la intención de Snowden al revelar la información sobre el espionaje masivo de CIA, FBI y NSA de las comunicaciones privadas de millones de personas en todo el mundo sin amparo judicial "es claramente política y de defensa de la libertad y la democracia".
En ese sentido, ha incidido en que teniendo en cuenta esto la respuesta de España "no debería ser otra que la de proteger a todos los denunciantes cualquiera que sea su nacionalidad como garantía esencial de la democracia".
Por todo ello, ve "inaceptable" que el Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel García-Margallo se niegue "con una excusa meramente formal" a dar trámite a esta petición y le ha pedido que aclare si "desde un punto de vista del derecho internacional se puede permitir que empresas privadas, al servicio de un gobierno extranjero intervengan las comunicaciones de los ciudadanos españoles en territorio español".