MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Estado de Estados Unidos habría creado un grupo especial de trabajo para supervisar la posible salida de ciudadanos estadounidenses y personal de la Embajada en Etiopía a raíz del recrudecimiento de las hostilidades en el país.
Según avanza la revista 'Foreign Policy', que cita fuentes cercanas al asunto, la decisión de crear este grupo de trabajo llega después de que la Embajada de Estados Unidos en el país recomendara este viernes a sus ciudadanos abandonar Etiopía "lo antes posible".
A pesar de la preocupación estadounidense, las autoridades etíopes han negado que la capital, Adís Abeba, se encuentre en peligro de ser tomada por fuerzas rebeldes, como el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).
"En lo que a un 'sitio' sobre Adís se refiere, eso no es cierto, y hay una narrativa alarmista que está creando mucha tensión entre comunidades diferentes, incluida la internacional", ha defendido este viernes la portavoz de la oficina del primer ministro etíope, Billene Seyoum.
Este viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido el fin de las hostilidades en el país, y el acceso seguro de la ayuda humanitaria a las zonas más afectadas por el conflicto.
El pasado martes, el Gobierno etíope declaró un estado de emergencia en todo el país, instando a los ciudadanos a armarse y proteger los barrios ante el avance de los rebeldes en medio de un recrudecimiento de los enfrentamientos en diversas regiones del país contra el TPLF.
El conflicto comenzó en noviembre del año pasado cuando Abiy ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del Ejército en la capital de Tigray, Mekelle, tras meses de tensiones entre el TPLF y el Gobierno central en torno al aplazamiento de las parlamentarias.
Las tensiones entre el Gobierno central y el TPLF se retrotraen a la llegada de Abiy al poder en abril de 2018 tras la dimisión de Hailemariam Desalegn tras dos años de protestas por parte principalmente de miembros de las comunidades oromo y amhara.
Abiy, primer miembro de la comunidad oromo en ocupar el cargo, inició reformas y anunció decisiones consideradas por el TPLF como un intento de reducir su poder político y como una venganza contra altos cargos del grupo que estuvieron en el anterior Ejecutivo.