MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha señalado que la prohibición del aborto en el estado está sirviendo como "estímulo" para el comercio entre el resto de territorios de Estados Unidos gracias a los viajes que hacen las mujeres que quieren abortar.
"La evidencia que existe en el expediente sugiere que, en todo caso, la Ley está estimulando, en lugar de obstruir, los viajes interestatales", ha remarcado Paxton en alusión al aumento de mujeres de Texas que se han desplazado a Kansas u Oklahoma para abortar.
Estas afirmaciones del fiscal general se han producido a través de una serie de informes presentados en el marco de la impugnación del Departamento de Justicia a la Ley de prohibición del aborto en Texas, en vigor desde principios de septiembre, según recoge la cadena estadounidense CNN.
Previamente, en una presentación judicial, el líder de la organización clínica especialidad en abortos 'Trust Women' expreso que efectivamente el volumen de llamadas para citas en sus clínicas de Kansas y Oklahoma se había duplicado en las últimas semanas, y que una parte importante de esas nuevas clientas eran de Texas.
"Aproximadamente dos tercios de nuestras llamadas de citas de pacientes (en Oklahoma) ahora provienen de pacientes de Texas que buscan abortos que no están disponibles en su estado de origen", aseguró.
Estas declaraciones de Paxton se han dado en los prolegómenos de una audiencia, prevista para el viernes, en la que el juez federal de distrito, Robert Pitmon, decidirá si bloquea la Ley de Texas de forma preliminar, o no.
La demanda del Departamento de Justicia es uno de los varios casos en tribunales federales y estatales que atacan la prohibición de aborto a las seis semanas de embarazo. Esta ley finalmente entró en vigor a principios de septiembre debido a que está diseñada con el objetivo de complicar el camino para obtener una orden judicial federal que la bloquee.
Esta medida conlleva una estrategia legal por la que prohíbe a los funcionarios de Texas hacer cumplir la ley, pero que en cambio permite que los ciudadanos presenten una demanda civil contra cualquier persona que ayude a abortar.