PHOENIX (ESTADOS UNIDOS), 29 Nov. (Reuters/EP) -
Varios grupos de defensa de derechos civiles han presentado este jueves una demanda contra la ley de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que impide a los inmigrantes en condiciones irregulares obtener ayudas públicas o documentos oficiales, como el carnet de conducir, a pesar de que puedan contar con permisos de residencia temporales.
La demanda, presentada en nombre de cinco inmigrantes que consiguieron obtener el permiso de residencia temporal gracias a una reforma del presidente, Barack Obama, indica que la orden de la gobernadora aprobada este verano es inconstitucional y debe ser bloqueada.
Brewer, una republicana que se ha enfrentado en varias ocasiones a la Administración de Obama por la ley de inmigración que promulgó hace dos años, aprobó el nuevo decreto el pasado 15 de agosto.
Obama aprobó en junio una ley que permite a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos con menos de 16 años, y tengan en la actualidad menos de 30, poder obtener el permiso de residencia temporal. Estos jóvenes no deben tener ninguna condena judicial y tienen que vivir en el país desde el 15 de junio de 2007.
Alrededor de 1,7 millones de personas se beneficiarán de esta nueva medida, 80.000 de ellas en Arizona. Sin embargo, Brewer se negó a conceder "beneficios públicos adicionales" y declaró que pretendía salvaguardar las cuentas del estado al impedir que los inmigrantes se hicieran con ayudas públicas.
El gobernador de Nebraska, Dave Heineman, emitió un decreto similar al de Brewer poco después.
Entre las asociaciones que han presentado la demanda, se encuentra la Coalición de Sueño de Arizona, un grupo de jóvenes que defiende a los menores inmigrantes. También forma parte de esta causa la Unión Americana de Libertades Civiles, el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y Educación y el Centro Nacional del Derecho de Inmigración.
Brewer firmó en 2010 una ley muy dura contra los inmigrantes que fue rechazada por el Tribunal Supremo en junio de este año. La norma obligaba a la Policía a comprobar el estado legal de una persona a la que parasen si sospechaban que estaba en el país de forma irregular.