WASHINGTON, 3 Ago. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Estados Unidos ha instado este jueves a voluntarios y organizaciones sin ánimo de lucro a localizar a los padres inmigrantes que fueron separados de sus hijos en la frontera con México y posteriormente deportados al país.
En este sentido, Washington ha indicado que son estas ONG las que deberían tomar la iniciativa de localizar a los más de 400 padres inmigrantes que fueron deportados después de que fueran separados de sus hijos.
La propuesta surgió en el marco de una demanda presentada ante el Tribunal Federal de San Diego, que busca impugnar unas 2.500 separaciones familiares iniciadas por la Administración del presidente, Donald Trump, como parte de su política de "tolerancia cero" para frenar la inmigración ilegal.
En el caso, presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), la jueza Dana Sabraw ordenó al Gobierno reunir a las familias antes del 26 de julio, un plazo que no se ha cumplido por completo.
Si bien más de 1.900 niños se han reencontrado con sus familias o han visto sus casos resueltos, cientos permanecen separados, incluidos los hijos de más de 400 padres que ya no están en Estados Unidos, según los último datos facilitados por el Gobierno.
En su plan para reunir a esas familias, que ha sido presentado este jueves ante la corte, los abogados del Departamento de Justicia han señalado que el Gobierno proporcionará la información que tenía sobre los padres deportados a los abogados de los demandantes.
Según el documento, "el abogado de los demandantes debería usar sus considerables recursos y su red de bufetes de abogados, ONG, voluntarios y otros" para establecer contacto con los padres deportados.
La ACLU ha manifestado en repetidas ocasiones que ayudaría a encontrar a los padres deportados, pero el grupo ha dejado claro en su presentación de este jueves que espera que el Gobierno tenga la responsabilidad final de localizarlos. La mayoría de los padres expulsados fueron devueltos a sus países de origen en Guatemala, Honduras y El Salvador.
"No solo fue la práctica inconstitucional de separación del Gobierno lo que provocó esta crisis, sino que el Gobierno de Estados Unidos tiene muchos más recursos que cualquier ONG", ha afirmado la ACLU.