Hasta 14 millones de personas podrían verse beneficiadas de una ley en firme, más segura y expansiva que la mera orden ejecutiva
MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos (MPI, por sus siglas en inglés) estima que la opción más estable para millones de migrantes candidatos a su permanencia en el país pasa por la declaración de una legislación en firme que sustituya a los mecanismos actuales como las reformas por decreto que han fracasado tres veces en los últimos 20 años.
Personas que llegaron al país de jóvenes (los llamados "soñadores"), trabajadores esenciales, migrantes con estatus de personas temporalmente protegidas o familiares de estadounidenses se encuentran al principio de la cola para legalizar su situación en el país.
Entre ellos son más de 14 millones de personas, dependiendo del margen de maniobra que el Gobierno estadounidense quiera conceder a su situación. Por ejemplo entre 1,1 y 5,6 millones de migrantes podrían ser considerados trabajadores de primera necesidad, que se sumarían a otros 2,4 millones de agricultores en situación actualmente irregular, o 3,4 millones que son padres de personas con residencia estadounidense por haber nacido en el país.
"Resulta fundamental que el Gobierno aborde el estado de la población irregular para establecer un sistema migratorio viable en los próximos años", apuntan los autores del estudio. "Y si bien la legislación puede ser más o menos amplia, la protección legal permanente que brinda no solo sirve a los intereses de estas personas, sino también a los de todo el país", añade.
El instituto lamenta que "la incapacidad para resolver el estado de los inmigrantes no autorizados durante más de dos décadas ha frustrado cualquier perspectiva de una reforma más amplia de un sistema de inmigración estadounidense que requiere una actualización urgente".
"En medio de este bloqueo", añade el instituto, "el Congreso ha montado nuevos obstáculos que dificultan la legalización para quienes de otra manera hubieran sido candidatos, como las prohibiciones de tres y diez años para volver a Estados Unidos" en el caso de su expulsión.
El instituto reconoce que, en un clima político tan polarizado como el de hoy en día, una posible legislación se enfrenta a numerosos problemas. Sus opositores cuestionan que podría funcionar como una recompensa a los infractores, mientras sus partidarios recalcan el beneficio cultural y económico que aportan a las comunidades.
Ante ello, siempre queda la posibilidad del decreto ejecutivo, aunque solo brinde "protecciones son menos duraderas y de alcance más limitado", como la acción diferida a favor de los llamados "soñadores" o el mencionado "estatus de protección temporal".
No obstante, y frente a una opción "por decreto" fácil de revocar por la siguiente administración, el instituto propone al Gobierno estadounidense que recurra a ciertas provisiones legislativas, algunas de ellas en desuso, para legalizar por ley a los migrantes.
Entre estos elementos se encuentra, por ejemplo, la disposición de registro que permite comenzar el proceso de regularización para los inmigrantes no autorizados que llevan en el país durante un periodo prolongado.
Además de crear nuevos programas de legalización, el Congreso podría modificar las leyes existentes, al introducir por ejemplo una enmienda para reactivar la "cancelación directa" sobre una deportación: si un migrante que lleve al menos siete años en el país "demuestra buen carácter moral y que su deportación les causaría dificultades extremas a su familia y compatriotas, podría solicitar la suspensión de sus procedimientos de deportación y, posteriormente convertirse en residentes permanentes".