NUEVA YORK, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado tres de las cuatro disposiciones más polémicas de la ley de inmigración del estado de Arizona apeladas por el Gobierno federal en lo que supone una victoria política para la Administración del presidente Barack Obama, que conserva así sus competencias en materia de inmigración.
La sentencia, firmada por el juez Anthony Kennedy, invalida la disposición que tipificaba como delito la presencia en Estados Unidos sin el debido permiso de trabajo, la que tipificaba como delito que un inmigrante careciera de documentación válida y la que autorizaba a la Policía a detener a cualquier inmigrante que pudiera haber cometido un delito que implicara la deportación. La sentencia ha sido apoyada por cinco de los nueve jueces que integran la sala.
La única disposición de la ley estatal que ha sido admitida pese a haber sido apelada es la que obliga a los agentes de las fuerzas de seguridad a comprobar la situación en materia migratoria de las personas que hayan cometido un delito. La sentencia señala que "no está claro si la aplicación de este artículo interfiere con las leyes sobre inmigración", lo que deja la puerta abierta a nuevos recursos a partir del momento en el que se aplique la norma.
"El Gobierno federal ha presentado una demanda contra un estado soberano contra este artículo incluso antes de que la ley entre en vigor (...). Existe una falta de certidumbre sobre lo que implica la ley y sobre cómo se va a aplicar. En este momento, sin el beneficio de una interpretación final de los tribunales estatales, sería inapropiado asumir que el apartado 2(B) suponga un conflicto con la legislación federal", explica.
El dictamen del Supremo establece pues que el Gobierno central puede apelar contra las leyes estatales que interfieran con sus competencias en inmigración. "El Gobierno Nacional tiene una capacidad significativa para regular la inmigración (...). Arizona puede tener una frustración comprensible con los problemas que provoca la inmigración ilegal (...), pero este estado no puede aplicar políticas que socaven la ley federal", matiza.