El alto tribunal escuchará los argumentos del estado de Arizona contra la Casa Blanca sobre la criminalización de la entrada de "ilegales"
NUEVA YORK, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Estados Unidos comenzará este miércoles a escuchar argumentos para determinar si el estado de Arizona tiene capacidad, frente a la negativa de la Casa Blanca, para imponer la dura ley antiinmigración que prácticamente criminaliza la entrada ilegal en el país. Su decisión podría influir en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.
Las raíces del caso 'Arizona v. United States' se asientan sobre el eterno debate sobre las competencias políticas del Gobierno federal sobre la capacidad de decisión de cada estado individual. En este episodio concreto, un estado conservador, opuesto a la excesiva influencia de Washington, se enfrenta a una administración demócrata.
Pero las organizaciones para la protección del inmigrante apuntan otro escenario que incrementa aún más si cabe la importancia del caso. "Si bien las cuestiones legales del caso se relacionan con la estructura de gobierno, lo cierto es que en esencia puede ser considerado un caso de derechos civiles", ha dicho el presidente del Fondo de Educación y Defensa Mexicano Americano, Tom Saenz, al 'Washington Post'.
Este debate sucede a seis meses de las elecciones presidenciales y no se escapa que la decisión que decida adoptar el Supremo afectará sin duda a las posibilidades en las urnas del presidente Barack Obama, en busca de la reelección, y de su rival republicano, Mitt Romney.
Obama ha criticado duramente la ley y ha prometido que si sale reelegido dedicará buena parte de sus esfuerzos durante el segundo mandato a revocar las numerosas competencias que la ley otorga a las fuerzas de seguridad.
En virtud de la ley SB 1070, los agentes de inmigración están capacitados para detener sin orden de arresto previa a cualquier individuo que consideren sospechoso de ser inmigrante ilegal. El detenido no podrá abandonar la custodia de las autoridades hasta que no se determine su estatus. Tampoco podrán buscar trabajo o desempeñar uno, y podrán ser deportados si los agentes hallan una causa probable.
Estas medidas no están en activo, al haber sido bloqueadas por una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, un dictamen que el estado de Arizona quiere anular con su petición ante el Supremo.
El álto órgano judicial estadounidense solo se ha pronunciado una vez en este sentido: una sentencia previa estipula que el propio estado está capacitado para revocar las licencias a aquellos negocios que empleen a inmigrantes indocumentados, pero no se ha pronunciado sobre las nuevas capacidades de los agentes de seguridad.
El impacto popular de esta ley es notorio: es un importante tema de debate popular, los estados de Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah han adoptado medidas similares, y es un caso que va más allá de las líneas de partido, con republicanos en contra de la ley y demócratas a favor de la misma.
Para Romney y Obama tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En beneficio del candidato republicano, hay que destacar que goza de un amplio consenso a favor entre los estadounidenses: una encuesta de Reuters/Ipsos detalla que un 70 por ciento de los preguntados se muestra a favor de la ley.
Por contra, la presencia de inmigrantes ilegales en EEUU está tan extendida (más de 16,6 millones de residentes tienen al menos un familiar ilegal) que las críticas de Obama a la ley prácticamente le garantiza el respaldo del voto latino.
El encargado de representar a la parte republicana es Paul Clement, el subsecretario de Justicia del expresidente George W. Bush. La Casa Blanca estará representada por el subsecretario de Justicia de Obama, Donald Verrilli.
Ambos se encargarán de presentar este miércoles sus argumentos orales ante el Supremo, que en está ocasión estará compuesto por ocho jueces ya que la magistrada Elena Kagan se ha excusado al haber trabajado a las órdenes de Obama como subsecretaria de Justicia.