MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Administración Biden ha puesto fin este miércoles al alivio de las sanciones impuestas contra el sector petrolero de Venezuela después de que haya decidido no renovar seis meses más la licencia en medio de un retroceso democrático en el país latinoamericano de cara a las próximas elecciones presidenciales.
La licencia emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense que permite transacciones con el sector petrolífero y gasístico vence este miércoles, si bien las empresas tendrán hasta el 31 de mayo para cerrar las operaciones pendientes.
Debido al fin de la licencia, las compañías que quieran emprender negocios en ambos sectores tendrán que pedir permiso al Departamento del Tesoro, que evaluará cada petición "caso por caso", según ha informado la agencia de noticias Bloomberg.
Después de que el Gobierno venezolano y la plataforma opositora del país venezolano llegasen a un acuerdo en Barbados para garantizar la celebración de elecciones transparentes y libres, Estados Unidos decidió relajar sus sanciones, una condición, sin embargo, que estaba ligada a que Maduro cumpliese con este compromiso.
"Maduro y sus representantes no cumplieron plenamente con el espíritu o la letra del acuerdo", ha señalado este miércoles un funcionario de la Administración Biden a los medios de comunicación, según ha recogido el diario 'The New York Times'.
La Administración Biden ha interpretado los últimos acontecimientos en el país, con la detención de varios miembros del equipo electoral de la inhabilitada opositora María Corina Machado o los problemas para registrar las candidaturas de la oposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), como un retroceso democrático.
El presidente venezolano planteó en un acto público instaurar la pena de muerte para castigar delitos de corrupción y de traición y elevarla a nivel constitucional con una reforma de la Carta Magna en medio de la oleada de arrestos por intentos de magnicidio en su contra. Entre los detenidos hay periodistas, exmilitares, abogados y activistas de Derechos Humanos.
La inhabilitación política decretada sobre Machado a mediados de 2023 y la decisión de las autoridades chavistas de no levantársela obligó a la oposición a buscar a última hora una sustituta, Corina Yoris, que tampoco pudo inscribirse en el plazo estipulado por el CNE, supuestamente por un bloqueo de las tarjetas de la Plataforma Unitaria.
La Plataforma logró inscribir a un aspirante menor, Edmundo González Urrutia, con la esperanza de sustituirlo en algún momento, mientras que la candidatura de Rosales, crítico con Maduro, también se fraguó en los últimos minutos antes de que concluyese el plazo.