Por Luis Rojas Mena
MEXICO DF (Reuters/EP) - Standard & Poor's no ve un cambio dramático en el Congreso mexicano que le impida al Gobierno lograr las reformas estructurales pendientes, incluso si el partido oficialista pierde su mayoría relativa en la Cámara Baja en las elecciones legislativas del domingo.
La calificadora había advertido que podría rebajar la nota soberana de México si no se impulsaban reformas para subir su recaudación tributaria, una de las más bajas en América Latina en relación al PIB, y si no reducía la dependencia que tienen las arcas del Estado de las exportaciones petroleras.
Standard & Poor's tiene una calificación de deuda sobre México de BBB+ con perspectiva negativa, tres escalones dentro del grado de inversión.
S&P y otras calificadoras estarán atentas a las elecciones del domingo, cuando los mexicanos votarán para renovar las 500 bancas de la Cámara de Diputados. Las proyecciones muestran que el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) al menos duplicaría sus actuales 106 diputados.
Con eso, la agrupación se convertiría en la principal fuerza de la Cámara Baja, y muchos creen que eso complicaría las cosas para el Gobierno, que necesita de reformas para tratar de dejar atrás la peor recesión económica que sufre desde 1995.
Pero el escenario no pinta tan mal, según la analista de S&P Lisa Schineller.
"Tienes que negociar y es en ese contexto en que no vemos las cosas dramáticamente diferentes a como están ahora", dijo Schineller, responsable de análisis soberano para América Latina de S&P, en entrevista con Reuters.
"Tienes al PRI haciendo grandes ganancias en la Cámara Baja, pero aún tienes al PAN (gobernante Partido Acción Nacional) como la mayoría del Senado", agregó.
LA RECAUDACION SEGUIRA COMPLICADA
Hasta ahora, el partido de Gobierno cuenta con mayoría relativa en la Cámara Baja y no puede aprobar iniciativas importantes por su cuenta, que requieren el apoyo de una parte de la oposición.
En los últimos años el Gobierno contó con el respaldo del PRI para lograr la aprobación de una diluida reforma fiscal, una reforma energética y otra al sistema de pensiones.
La actitud colaborativa del PRI surgió tiempo después de que la agrupación perdiera en el 2000 la presidencia a manos del antecesor del presidente Felipe Calderón tras gobernar México por siete décadas ininterrumpidas.
Esa actitud le ayudó al partido a cambiar su imagen, manchada por denuncias de corrupción y autoritarismo, y ahora analistas creen que se comenzaría a posicionar para las elecciones presidenciales del 2012, algo que podría convertirlo en una oposición más intransigente, según especialistas.
Schineller insistió en que México todavía enfrenta un panorama complicado por la recesión económica mundial y sobre todo por la de su socio comercial, Estados Unidos.
Incluso si México se recupera rápido, Schineller dijo que la dinámica de crecimiento de la economía no será tan fuerte como antes, lo que seguirá presionando su estructura fiscal.
"Esto significa que el panorama fiscal es complicado no sólo por un año, sino por más tiempo", dijo.
México tenía el objetivo de lograr este año nuevamente el equilibrio en sus cuentas fiscales, como ocurrió en 2008, pero el Congreso autorizó un déficit transitorio ante la severa crisis económica global desatada por Estados Unidos.
El principal candidato oficialista a diputado y ex secretario privado del presidente, César Nava, dijo en una reciente entrevista con Reuters que el Gobierno propondría en septiembre al Congreso cambios al sistema fiscal, pero no modificaría el controvertido Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las modificaciones serían al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU), según Nava.
Expertos han sugerido homologar la tasa del IVA, que tiene diversas exenciones y una tasa cero para algunos artículos, como los alimentos y las medicinas, en un intento por subir la recaudación a un 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 9 por ciento que representa actualmente.
Pero las modificaciones al IVA son un tema sensible y los legisladores ya la han rechazado antes por considerar que castigaría a los mexicanos más pobres.