MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol no tuvo connivencia alguna con la trama de comisiones de la que supuestamente formaba parte Koldo García Izaguire, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y la prueba es que ellos denunciaron un contrato de mascarillas y activaron la reclamación, según aseguran a Europa Press fuentes del entorno de la actual presidenta del Congreso.
El PP ha pedido la dimisión de Armengol como presidenta del Congreso al considerar que está "involucrada" en el "escándalo" y que avaló a la trama para que siguiera contratando. "Su situación es insostenible", afirman en el Grupo Popular.
Desde el entorno de Armengol subrayan que el contrato en cuestión para la adquisición de mascarillas estuvo bien hecho y fue avalado dos veces por los órganos de fiscalización, y sostienen que la investigación judicial se centra en los contactos de la trama para hacer caducar el expediente de reclamación que inició el Gobierno autonómico de Armengol.
A su juicio, quien tiene que dar explicaciones es la actual presidenta autonómica, Marga Prohens, del PP, a la que acusan de hacer caducar la reclamación iniciada por el Govern socialista, "cediendo" a las pretensiones de la trama del 'caso Koldo' y, por ende, causando un posible perjuicio a las arcas públicas.
NO SON MASCARILLAS 'FAKE'
Desde el equipo de Armengol remarcan que su Gobierno fue quien inició la reclamación porque, cuando recibió el material, mandó analizarlo y detectó que una parte de las mascarillas recibidas no tenía la calidad por la que se pagó, pues no llegaban a estándares FFP2, pero niegan que fueran 'mascarillas fake' porque, en todo caso, eran válidas como quirúrgicas.
Y como eran válidas, pero de una calidad inferior a la pactada, sólo se reclamó la diferencia de precio entre una calidad y otra, y no el total. Y por ello, añaden, se almacenaron para ser reclamadas. La reclamación se presentó en los tiempos medios que han tardado todos los expedientes administrativos de pandemia, pero por supuesto dentro de plazo.
Su conclusión es que el Gobierno de Armengol "era un problema para la trama" y no hubo connivencia alguna. Es más, destacan que, según el auto judicial, la trama maniobró con el Govern del PP para que caducara el expediente este año.
En su opinión, el PP pretende "desestabilizar las instituciones" y "tapar su implicación en la trama", y toda su exigencia de dimisiones se basa en que las mascarillas eran 'fake' cuando no lo eran.
SE INFORMÓ AL GOBIERNO DE PROHENS
El pasado martes, la propia Armengol subrayó que su Ejecutivo "reclamó en tiempo y forma que esa empresa devolviera una parte del dinero" y que cuando se produjo el cambio de gobierno en Baleares se informó de ese expediente al nuevo Ejecutivo 'popular'.
En declaraciones en el Congreso, también exigió al Gobierno de la 'popular' Marga Prohens que siguiera adelante con aquel expediente para que la empresa tuviera que abonar el dinero solicitado. Tres días después, lo que se preguntan en el entorno de Armengol es por qué el actual Gobierno de las islas ha dejado caer esa reclamación que empezó a tramitar el Ejecutivo que ella presidía.
Según recoge el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en un auto fechado este mes, al que ha tenido acceso Europa Press, el empresario Juan Carlos Cueto, presunto 'cerebro' de la trama investigada, informó en diciembre al titular de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, de que el Govern balear "en principio" no tenía intención de continuar con la reclamación por el contrato de las mascarillas.