España.- La Comisión de Exteriores aprueba hoy una ley que obliga a legislar sobre los instrumentos de la deuda externa

Actualizado 30/05/2006 13:57:01 CET

CiU propone dar un plazo de un año para cancelar a los países más pobres la deuda externa anterior a 2003

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados someterá hoy a votación la Proposición de Ley Reguladora del tratamiento de la Deuda Externa, y que obligará al Gobierno a presentar un proyecto de ley que regule los instrumentos que crean deuda externa, como los créditos con cargo al fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), muy criticados por las ONG.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, este punto de la ley ya ha sido pactado en una enmienda transaccional presentada por CiU, que fue el artífice de la proposición de ley original. No obstante, el texto debe acudir después al Pleno del Congreso y posteriormente al Senado, antes de su entrada en vigor.

Pero además, el grupo catalán propondrá hoy otra enmienda, que por el momento no ha sido aceptada, que si sale adelante obligará al Gobierno, en el plazo de un año, a tomar las medidas necesarias para cancelar, en los términos que se acuerden con los países deudores, la deuda contraída antes del 31 de diciembre de 2003 por los países menos adelantados.

Se trata, en concreto, de la deuda originada por los créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y por los seguros de créditos a la exportación concedidos por la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE).

CONDONACION EN TRES AÑOS

Si la enmienda no se aprueba, la proposición en su forma actual da un plazo de tres años para que los créditos vigentes sean condonados o convertidos, siempre en el caso de los países con menor nivel de desarrollo y mayor deuda.

La proposición de ley parte de considerar que "resulta obligado que el Estado español ponga en marcha una política propia de tratamiento de la deuda externa, planificada, coherente y plenamente integrada a la ayuda oficial al desarrollo".

Esta política, precisa, debe incluir "acciones bilaterales de condonación de la deuda externa; un programa amplio y estable de conversión de deuda por desarrollo humano, vinculando los recursos liberados por la condonación a la inversión en programas de lucha contra la pobreza; la participación en el diseño de las políticas para tratar la deuda en las instituciones multilaterales; así como una posición explícita ante las iniciativas internacionales".

Además, señala que el Gobierno deberá crear los "instrumentos necesarios que garanticen el efectivo control parlamentario" de la política gubernamental sobre esta materia, y establece mecanismos y plazos para que el Parlamento sea informado sobre los niveles de deuda.

Por su parte, advierte de que los países incluidos en la política de tratamiento de la deuda externa "deberán comprometerse, de forma expresa, a avanzar en la democratización del país, a respetar los Derechos Humanos, a perseguir el bienestar y el pleno desarrollo social y humano de sus pueblos y a la conservación del medio ambiente".

En el caso de los países que sean origen de inmigrantes hacia España, establece que las actuaciones en materia de deuda externa "deberán ir vinculadas al desarrollo de dichos países, haciendo partícipes de ello a los propios migrantes".

Para llevar a cabo todas las medidas de condonación o conversión de deuda previstas en la ley, se crea un nuevo instrumento, el Fondo Español de Tratamiento de la Deuda Externa, que deberá tener una dotación presupuestaria.

El texto establece también que los objetivos y las acciones concretas para el tratamiento de la deuda externa deben fijarse en cada Plan Anual de Cooperación. Deberán precisarse también los países beneficiarios de dichas acciones y el montante total a detraer del Fondo Español de Tratamiento de la Deuda Externa para financiarlas.

Además, en la determinación de cada Plan Anual deberá tenerse especialmente en cuenta si se han producido "catástrofes naturales o graves crisis humanitarias en los países deudores, así como las variaciones que se hayan producido en el tipo de cambio de la moneda de pago de la deuda externa".

La proposición de ley debía haberse votado el pasado martes en la Comisión, pero tuvo que posponerse por la convocatoria del pleno de la Cámara Baja para la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto andaluz.

Este texto ha sido, hasta ahora, rechazado por las ONG y la Alianza Española contra la Pobreza --que engloba a una treintena de asociaciones y sindicatos como CC.OO. y UGT--, que acusa a los partidos políticos de falta de voluntad para abolir la deuda externa y reclama la "reformulación o eliminación de los mecanismos de generación de nueva deuda (FAD y CESCE), desligando la ayuda de intereses económicos y comerciales".