España.- La Comisión de Exteriores insta al Gobierno a regular los instrumentos de la deuda externa, incluidos los FAD

Actualizado 30/05/2006 16:11:02 CET

Los grupos rechazan dar un plazo de un año para cancelar a los países más pobres la deuda externa anterior a 2003

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con el apoyo de PSOE, PP, CiU, EA y PNV y la abstención de IU-ICV y ERC, la Proposición de Ley Reguladora del tratamiento de la Deuda Externa, que obligará al Gobierno, entre otras cosas, a presentar un proyecto de ley que regule los créditos con cargo al fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), a fin de mejorar los instrumentos que crean deuda externa, tanto los reembolsables como los no reembolsables.

La propuesta, inicialmente presentada por CiU y que ha incorporado casi todas las enmiendas de transacción pactadas por el Grupo catalán con el resto de grupos, será elevada al pleno del Congreso del próximo 22 de junio.

La única enmienda rechazada, presentada por CiU, hubiera obligado al Gobierno, en el plazo de un año, a tomar las medidas necesarias para cancelar la deuda contraída antes del 31 de diciembre de 2003 por los países menos adelantados. El Grupo catalán ha decidido mantener esta enmienda para presentarla en el pleno, según informaron fuentes de CiU a Europa Press.

El texto de la propuesta parte del principio de que el endeudamiento insostenible supone "un lastre" para el desarrollo de numerosos países y recuerda que la salida efectiva al endeudamiento de los países en vías de desarrollo ha constituido "el centro de una de las más amplias movilizaciones de la sociedad civil de los últimos años".

También recuerda que la meta 15 de los Objetivos del Milenio para 2015 aprobados por la ONU en 2000 es "encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo".

A juicio de los ponentes, España tiene la posibilidad de "hacer uso del amplio abanico de opciones disponibles y de la enorme potencialidad de las mismas para integrar instrumentos y enfoques sobre el tratamiento de la deuda externa", por lo que "resulta obligado" que España adopte una política de gestión de deuda externa cada vez más sólida y responsable y "solidaria con los países endesarrollo e integrada en el marco multilateral internacional".

Por ello, el proyecto de Ley tiene por objeto "la determinación de los principios y la regulación de los instrumentos en que ha de fundarse y desarrollarse la gestión de la deuda externa que España ostenta como acreedora", a fin de que esta gestión esté vinculada con la política de cooperación española.

La deuda externa a la que hace referencia la ley es la que se deriva de los créditos bilaterales concedidos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), así como la causada por los créditos a la exportación concedidos por la Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE).

INSTRUMENTOS Y CRÉDITOS FAD

Entre los instrumentos de gestión de la deuda externa propuestos figuran las reestructuraciones, aplazamientos y moratorias de los vencimientos de deuda, las condonaciones de deuda, las aportaciones de fondos para la reducción de la deuda de los países en vías de desarrollo contraídas con las instituciones financieras multilaterales y las operaciones de conversión de deuda externa por desarrollo humano mediante inversiones públicas y privadas en función de las prioridades del país receptor, entre otros.

Asimismo, se fomentarán los proyectos de fortalecimiento institucional, de lucha contra la corrupción y de buen gobierno "que traigan estabilidad y las condiciones necesarias para generarcrecimiento económico y desarrollo humano". Aparte, "los Estados receptores de ayuda deberán implementar políticas de servicios e inversión pública que disminuyan las desigualdades sociales yavancen en la redistribución de la riqueza", prosigue el texto aprobado.

Aparte, la propuesta incluye una enmienda, pactada entre CiU y PSOE, en virtud de la cual "el Gobierno presentará en las Cortes Generales para su tramitación y en su caso aprobación en la presente legislatura un proyecto de ley que regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) a fin de mejorar los instrumentos tanto reembolsables como no reembolsables para hacer de la cooperación española una mejor cooperación".

Precisamente, los créditos FAD han sido uno de los motivos fundamentales por los que este texto ha sido, hasta ahora, rechazado por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y por la Alianza Española contra la Pobreza --que engloba a una treintena de asociaciones y sindicatos como CC OO y UGT--, que acusan a los partidos políticos de falta de voluntad para abolir la deuda externa y reclaman la "reformulación o eliminación de los mecanismos de generación de nueva deuda (FAD y CESCE), desligando la ayuda de intereses económicos y comerciales".

CONVERSIÓN DE DEUDA Y GESTIÓN

La proposición establece también que España promoverá una política eficiente de conversión española cuyo objetivo sea la promoción de inversiones y proyectos que promuevan el desarrollo de los países beneficiarios, en los sectores que éstos consideren prioritarios y "de acuerdo con el principio de soberanía local del proceso de desarrollo", indica el texto.

Los Estados beneficiarios de la conversión de deuda serán países con problemas financieros de sobreendeudamiento "en coherencia con las indicaciones del Plan Director de cooperación y sus planes anuales", y deberán "mantener relaciones financieras regulares con España y con la comunidad internacional en general".

Respecto a la gestión de la deuda externa y la cooperación al desarrollo, la proposición de ley indica que el Plan Anual de Cooperación establecerá para cada año los objetivos y las actuaciones previstas para la gestión de la deuda externa, de acuerdo con los principios e instrumentos establecidos en la presente propuesta de ley y en la ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En la determinación del Plan Anual se tendrá en cuenta la existencia de catástrofes naturales o de graves crisis humanitarias en los países deudores y se deberán priorizar las políticas de tratamiento de deuda en función de la capacidad de pago de los países deudores.

Por otra parte, el Gobierno informará a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, dentro de los treinta días siguientes al inicio de cada ejercicio presupuestario, acerca de las líneas y estrategias principales en materia de gestión de la deuda externa y remitirá cuantos datos soliciten los Grupos Parlamentarios, añade la proposición de ley.