MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Congreso estudiará mañana pedir al Gobierno que colabore "en su ámbito de actuación" y con "todos los medios a su alcance" para "esclarecer" las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de Guatemala (1960-1996) y lograr que los responsables de esos actos sean "conducidos ante la justicia".
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley, que será debatida mañana en la Comisión de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la que solicita también al Ejecutivo que "urja y apoye a las autoridades guatemaltecas en la adopción de medidas concretas encaminadas a facilitar la lucha contra la impunidad y el trabajo de los tribunales de justicia".
La propuesta también expresa su "máximo respeto y consideración a la memoria de todas las víctimas de esta guerra, compartiendo el dolor de sus allegados y descendientes" y manifiesta su "apoyo" a las autoridades y pueblo de Guatemala en sus "esfuerzos" por conseguir la correcta aplicación del Estado de Derecho y un desarrollo económico, social y político que redunde en beneficio de la paz y la reconciliación histórica.
Entre los 200.000 asesinados en el conflicto figuran al menos ocho españoles, entre ellos cinco misioneros que "denunciaban" las violaciones de derechos humanos y "prestaban auxilio a los campesinos, intentando preservar su dignidad y evitar que las atrocidades cayeran en el olvido", según consta en los autos de la Audiencia Nacional.
Se trata de José María Gran, Juan Alonso, Andrés Lanz y Faustino Villanueva, misioneros del Sagrado Corazón; el jesuita Carlos Pérez y Jaime Ruiz del Árbol, Luis Felipe Sanz y María Teresa de Villa, fallecidos en el asalto a la Embajada española en 1980, cuyos crímenes "continúan en absoluta impunidad", recuerda la proposición no de ley en su exposición de motivos.
También recuerda que el titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional dictó el 7 de julio de 2006 una orden internacional de arresto contra siete altos cargos, civiles y militares, acusados de "terrorismo, torturas, delitos contra la integridad moral, asesinato, detención ilegal, incendio y allanamiento de oficina pública".
Como consecuencia de esta orden fueron detenidos dos de los encausados, que permanecen en dependencias penitenciarias guatemaltecas.
En diciembre de 2006 el Gobierno adoptó un acuerdo por el que se solicitaba a las autoridades de Guatemala la extradición de estos siete individuos (Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Benedicto Lucas García, Donaldo Álvarez Ruiz, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, José Efraín Ríos Montt y Humberto mejía Víctores) por los delitos anteriormente citados. Esta petición está aún pendiente de respuesta por parte de las autoridades guatemaltecas.