De Laiglesia subraya que si la UE apuesta por una solución dialogada hay que hacer algo para propiciarla, aunque admite la dificultad
MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, ha defendido este lunes la decisión del Gobierno de trabajar para impulsar el diálogo en Venezuela: "No recuerdo un conflicto en Latinoamérica, desde las independencias, que se haya resuelto por la imposición de sanciones o por la fuerza", ha dicho durante un coloquio sobre la región en Casa de América.
En el mismo día en que el ministro Josep Borrell pedirá a sus colegas de la UE que contribuyan a propiciar el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, De Laiglesia ha defendido que no se trata tanto de un cambio de política sino de "no permanecer de brazos cruzados" y dar "operatividad" a lo que la propia UE dice en sus textos sobre Venezuela: que la solución debe ser pacífica y dialogada entre los propios venezolanos.
"Lo que percibíamos es que en la comunidad internacional y en la UE había una exigencia de presión pero ninguna propuesta de solución", ha dicho. Así, ante lo que considera una "ausencia de iniciativas", el Gobierno ve "necesario trabajar para generar las condiciones" para que se dé ese diálogo político. "Todo el mundo dice que rechaza una solución que no sea política pero nadie está trabajando por ella", ha advertido.
En el caso de la UE, ha afirmado que el Gobierno asume todo el bagaje ya adoptado y que es consciente de "lo difícil que es mover la opinión de la UE", pero quiere "introducir un elemento de vinculación constructiva" de los 28 con Venezuela: "que hagan algo que nos acerque al objetivo, la pasividad no es una opción".
Para tantear el terreno, el propio secretario de Estado viajó la semana pasada a Venezuela, pero ha negado que haya llevado una "propuesta" del Ejecutivo español a Caracas. Según ha explicado, lo que hizo fue hablar con el Gobierno de Nicolás Maduro -la Cancillería informó de una reunión suya con el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza--, hablar después con los opositores que están en el país y trasladarle sus posiciones de nuevo al Gobierno.
"HAY DESCONFIANZA, PERO PARA ESO SON LAS NEGOCIACIONES"
Tras esas conversaciones, ha admitido que reanudar el diálogo será difícil, aunque todos apuestan por la solución dialogada. "Hay desconfianza, pero para eso son las negociaciones y las garantías mutuas. Si creemos que la solución debe venir de la mano de un acuerdo pacífico, democrático, en el marco del Estado de Derecho y entre venezolanos nos toca la responsabilidad y debemos asumirla, no cruzarnos de brazos", ha justificado.
De Laiglesia también ha dado algunas pinceladas de la política del Gobierno de Sánchez hacia Iberoamérica, a pesar de que, en el mismo coloquio, ha opinado que cada vez es más difícil tratar a la región como un conjunto. Según ha dicho, el Ejecutivo quiere tener "las mejores relaciones con todos los países latinoamericanos", y así lo demostró Sánchez con su primera gira iberoamericana, en la que visitó cuatro países bien diferentes en sí mismos y en lo que suponen en la política española.
Sánchez visitó Chile, un país desarrollado y con fuerte presencia de intereses económicos españoles; Bolivia, un país indígena en cuyo desarrollo ha tenido mucho peso la cooperación española; Costa Rica, con una política medioambiental "puntera" y Colombia, donde "tras 50 años de guerra hay un acuerdo para la paz" lo que, ha destacado, demuestra una vez más "que los conflictos en Latinoamérica sea cual sea su naturaleza se resuelven a través del diálogo y la negociación, no a través de la fuerza".
Como complemento a eso, ha recordado que Sánchez se entrevistó durante la semana ministerial de la Asamblea General de la ONU con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; también lo hizo con el argentino Mauricio Macri, aunque fundamentalmente en su condición de presidente de turno del G20. De Laiglesia ha justificado, en cualquier caso, el interés de España en Venezuela, un país donde viven unos 160.000 ciudadanos españoles y están presentes más de 70 empresas que tienen voluntad de permanencia en el país.