Es la segunda vez que el Gobierno se ve obligado a recurrir a esta medida excepcional en su relación con Caracas
MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español ha decidido llamar a consultas a su embajador en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, en señal de protesta por los últimos insultos que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dirigido al jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, a quien llamó el jueves "basura corrupta".
España manifiesta así "su más enérgico rechazo" por los "intolerables insultos" de Maduro a Rajoy, una actitud "impropia del respeto que debe regir las relaciones entre gobiernos" y que el Ejecutivo "lamenta" que se haya convertido en una "práctica habitual" en el presidente venezolano, explica un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El departamento que dirige José Manuel García-Margallo convocó este mediodía al embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, para trasladarle su malestar ante esta "escalada verbal" y anunciarle la decisión de llamar a consultas al embajador en Caracas.
La llamada a consultas del embajador es una herramienta enérgica de protesta diplomática y equivale a una retirada temporal del jefe de la misión que se prolonga por un tiempo indeterminado, hasta que se consiga reconducir la situación.
En la escala de medidas de protesta diplomática, la llamada a consultas está un nivel por debajo de la retirada definitiva del embajador y la ruptura de relaciones diplomáticas.
Se trata de la segunda vez que el Gobierno de Rajoy se ve obligado a recurrir a esta medida excepcional. También recurrió a ella hace un año, cuando la Asamblea Nacional venezolana, entonces dominaba por el chavismo, declaró persona non grata al expresidente del Gobierno español Felipe González. En aquella ocasión, el diplomático español se ausentó de su puesto unos pocos días.
En su comunicado de este viernes, Exteriores aprovecha para expresar su preocupación por la situación en Venezuela, "país con el que comparte grandes afinidades culturales e históricas, y en el que viven más de 200.000 ciudadanos españoles".
"El Gobierno reitera su ofrecimiento de ayuda para paliar la grave crisis económica y humanitaria que está padeciendo la población venezolana", añade la nota, en la que, ante la "crisis política" en ese país, hace un "llamamiento a la responsabilidad, la colaboración, el diálogo, el consenso y la reconciliación" y pide "respeto a los valores democráticos, a los Derechos Humanos, al Estado de Derecho, a la independencia de las instituciones y a las garantías constitucionales".
A su salida de la reunión en Exteriores, el embajador venezolano ha exigido "respeto" para su país y ha arremetido contra las injerencias de "sectores muy poderosos del mundo" que, según él, buscan "desestabilizar" al Gobierno de Nicolás Maduro y de otras naciones latinoamericanas.
TRES AÑOS DE DESENCUENTROS PERIÓDICOS
Desde la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela, los incidentes con el Ejecutivo español han sido una constante. Maduro ha arremetido numerosas veces contra el presidente español cada vez que ha habido una muestra de apoyo hacia los presos políticos venezolanos, y también cuando el presidente venezolano ha necesitado crear un enemigo extranjero para desviar la atención de la opinión pública de su país.
Los desencuentros se suceden desde la jornada posterior a las elecciones que ganó Maduro en abril de 2013. El presidente electo se sintió entonces profundamente ofendido cuando el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, no reconoció inmediatamente su victoria ante unos resultados ajustados que la oposición cuestionaba pidiendo un recuento de votos.
El presidente venezolano reaccionó llamando a consultas a su embajador en España. A la investidura de Maduro, España no envió al Príncipe de Asturias, habitual en estas citas, sino al presidente del Congreso, Jesús Posada.
Una posterior visita del ministro venezolano de Exteriores a España recondujo la situación momentáneamente, pues Maduro volvió a criticar a España por los problemas que el presidente boliviano, Evo Morales, tuvo en julio de 2013 para sobrevolar el espacio aéreo de varios países europeos, ante la sospecha de que en su avión se escondiera el filtrador de documentos de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU Edward Snowden.
Maduro denunció públicamente que las autoridades españolas pretendían revisar el avión de Morales y dijo que Venezuela podría hacer lo mismo con el avión de Rajoy en su territorio para "ver si tiene droga o los euros que roban al pueblo español". El presidente venezolano volvió a llamar a consultas a su embajador en España --y en otros países europeos-- en señal de protesta.
En medio de estos desencuentros, el PP mantuvo su apoyo a la oposición venezolana y su cuestionamiento a los resultados de las elecciones de 2013, denunciando en reiteradas ocasiones que el candidato oficialista, Nicolás Maduro, abusó de los medios de comunicación públicos durante la campaña y precampaña.
Luego llegaron las protestas estudiantiales contra Maduro en febrero de 2014, que degeneraron en unos disturbios que el Gobierno atribuyó a un intento de golpe de Estado orquestado por EEUU y en los que murieron unas 40 personas.
El Gobierno español mantuvo en los primeros meses un perfil bajo, con llamamientos generales al cese de la violencia y al diálogo entre las partes, y decidió suspender la venta de material antidisturbios a las fuerzas de seguridad venezolanas.
FIN DEL PERFIL BAJO
Hasta octubre de 2014, cuando Rajoy recibió en Madrid a Lilian Tintori, la mujer del líder opositor Leopoldo López, encarcelado después de que el Gobierno de Maduro le acusara de ser el instigador de las protestas de febrero.
Aunque Rajoy recibió a Tintori en la sede del PP y no en Moncloa para dejar patente que ese encuentro lo mantenía más como presidente del partido que como jefe de Gobierno, Maduro interpretó como una "injerencia" en los asuntos internos de su país que Rajoy pidiera la liberación de López.
Una vez más --la tercera-- el presidente venezolano llamó a consultas a su embajador en España, al que mantuvo cuatro meses fuera de su plaza. En ese periodo, los exabruptos de Maduro en relación con España se sucedían periódicamente, obligando al Gobierno español a protestar por esas salidas de tono.
La detención en febrero de 2015 del alcalde de Caracas, el también opositor Antonio Ledezma, obligó de nuevo al Gobierno español a pronunciarse y a pedir al Ejecutivo de Maduro "un comportamiento acorde a un Estado de Derecho". Rajoy ha recibido también a la esposa de Ledezma, Mitzy Capriles, cuando ha visitado España.
Cuando en la legislatura pasada, el Congreso reprobó, a iniciativa del PP y con los votos a favor de PSOE, UPyD, CiU y PNV, al Gobierno de Maduro por la detención de líderes de la oposición, Maduro reaccionó llamando "racista" a Rajoy.
"Sicario", "racista", patrocinador de actividades terroristas o instigador de "intentonas golpistas" son algunos de los insultos y acusaciones que Maduro ha dirigido en el último año a Rajoy y que han motivado anteriores convocatorias del embajador venezolano en Madrid.
En enero pasado, Exteriores también convocó al embajador venezolano para pedir explicaciones por el viaje de miembros de la CUP, Podemos y un familiar de una etarra a bordo de un avión oficial de la Fuerza Aérea de Venezuela para asistir a un seminario sobre el principio de autodeterminación de los pueblos de España en diciembre de 2014.