MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Más de 80 ONG de todo el mundo creen que el "acoso" al que, según ellas, se ha visto sometido el juez Baltasar Garzón afecta a la "credibilidad" del poder judicial en España.
Así lo sostienen en una carta abierta dirigida al Gobierno y el poder judicial españoles y que firman, entre otras, organizaciones de prestigio como la estadounidense Center for Constitutional Rights, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Colombia) o la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
La misiva --a la que ha tenido acceso Europa Press-- la entregarán en mano a lo largo de esta semana a representantes de las Embajadas españolas en sus respectivos países.
Las ONG advierten en primer lugar de que Garzón, por su condición de aforado, haya sido juzgado directamente por el Tribunal Supremo, privándole de poder recurrir a segunda instancia, "lo que es contrario a la Convención europea de Derechos Humanos".
Sobre el fondo de la condena, reconocen que "el respeto a la confidencialidad de las relaciones entre el abogado y su cliente supone un principio fundamental en una sociedad basada en el Estado de Derecho", Sin embargo, recuerdan que "en casos similares a otros jueces españoles no se les ha abierto un proceso judicial", menos aún penal, sino que se sometieron a procedimientos internos.
También se quejan de que el Supremo rechazara las peticiones de recusación sobre ciertos magistrados que juzgaron a Garzón y que "no presentaban las garantías de independencia e imparcialidad requeridas".
Las ONG denuncian además el segundo proceso abierto a Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Comparten en este sentido la visión de la relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, Gabriela Knaul.
Knaul considera "lamentable" que se pueda sancionar al juez Garzón por haber abierto una investigación que es "coherente con las obligaciones de España de investigar las violaciones de los Derechos Humanos según los principios del derecho internacional".
"Para garantizar el respeto de las leyes, hace falta un compromiso incondicional con la justicia y los derechos humanos. En el contexto de un respeto total de la independencia y la autonomía judicial, los supuestos errores en las decisiones judiciales no deberían suponer un motivo para retirar a un juez y menos aún para abrir un proceso penal", añade Knaul, cuyos comentarios recoge la carta de las ONG.
La misiva la suscriben más de 80 ONG de países tan diversos como Alemania, Afganistán, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Egipto, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Haití, Irán, Italia, México, Países Bajos y Perú, entre otros.
En España, la firman la Asociación Cultura Iberoamericana Andrés Bello, la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, el Comité de Apoyo al Tibet y la Fundación Iepala.