MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco archivará la causa en la que investiga el asesinato del sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas, cinco de ellas religiosos, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, cuando las autoridades del país centroamericano le comuniquen oficialmente su negativa a entregar a los 13 exmilitares procesados por estos hechos.
Así lo han indicado fuentes jurídicas que han señalado que, si finalmente las autoridades salvadoreñas deciden no extraditar a sus nacionales, como acordó la Corte Suprema de Justicia, el procedimiento será sobreseido por falta de autores contra los que dirigir la acción penal.
No obstante, las citadas fuentes han indicado que las asociaciones que ejercen la acusación popular en la causa podrían recurrir la decisión de la Corte Suprema salvadoreña, ya que también se encuentran personadas en el proceso de extradición.
Nueve de los 15 magistrados que integran el máximo órgano judicial denegaron el martes la solicitud de la Audiencia Nacional española porque la Constitución de El Salvador que estaba vigente en 1989 prohibía la extradición de nacionales a cualquier país. Tres magistrados votaron en contra y otros tres no estuvieron presentes en la votación.
Ulices del Dios Guzmán, uno de los magistrados que rechazó la extradición, declaró al diario 'La Prensa Gráfica' que la principal norma constitucional que determina la extradición los "imposibilita" a enviar a los militares a España. El magistrado ha explicado que la extradición de nacionales es permitida a partir del año 2000, cuando la Asamblea Legislativa reformó la Carta Magna.
"El artículo 28 de la Constitución vigente antes de la reforma del 2000 imposibilita la extradición. Y la misma Constitución establece que ellos deben ser juzgados con la ley preexistente al hecho", ha declarado Guzmán.
SOSPECHOSOS DEL ASESINATO
Entre los exmilitares solicitados por la Audiencia Nacional y el Ministerio de Justicia están el ex ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios; el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández, y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.
Los trece uniformados son sospechosos de haber asesinado a cinco sacerdotes españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, y un cura salvadoreño, además de dos empleadas domésticas la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad José Simeón Cañas, en San Salvador.