MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español esperará a que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre las distintas interpretaciones del Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay, firmado por ambos países en 1870, para seguir negociando con el país sudamericano el régimen de entrada, trabajo y residencia de sus ciudadanos en España.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, ante una pregunta del diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), Joan Herrera, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para solucionar este conflicto.
Desde hace varios años Montevideo viene pidiendo a Madrid que dé a sus ciudadanos el trato de "nación más favorecida", según establece el citado Acuerdo de 1870, por el que recibirían en el marco judicial un trato similar al que reciben los ciudadanos de Chile y Perú, los países que también tienen Tratado de Amistad con España.
El Reglamento de la Ley de Extranjería 2393/2003 en su artículo primero establece la excepción de los Estados que tienen Tratados de Amistad con España, a los efectos de la aplicación de las normas reglamentadas que se necesitan en el momento de pedir el permiso de residencia y trabajo.
En el citado Tratado de Paz y Amistad entre España y Uruguay se dispone que los ciudadanos de uno y otro país "podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones, poseer, comprar y vender por mayor y menor toda especie de bienes y propiedades, muebles e inmuebles".
COMISION DE ALTO NIVEL
En febrero de 2005 la Abogacía del Estado interpuso un recurso de casación ante la Sala Tercera del Supremo después de que cinco tribunales superiores de las comunidades autónomas emitieran fallos favorables a varios ciudadanos uruguayos que solicitaban la aplicación del Tratado de Amistad y Cooperación de 1870.
Además, en diciembre pasado, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de Ley en la que se instaba al Gobierno a que, ante las controversias por la interpretación del Tratado de 1870, se crease una comisión de Alto Nivel para analizar la cuestión.
El Gobierno recuerda que en abril pasado se reunió la comisión "en el ambiente de cordialidad que preside las relaciones bilaterales" y ambas partes estuvieron de acuerdo en esperar a que se resuelva el recurso de casación en el Supremo, y mientras continuar con los trabajos desarrolados a nivel técnico.
Y mientras llega esa resolución, España sigue manteniendo que la entrada, permanencia y trabajo de uruguayos en España debe hacerse "acatando el principio de legalidad y requiriendo que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación española vigente en materia de extranjería, contenidos en la Ley Orgánica 4/2000".
A 31 de diciembre de 2005 los uruguayos con tarjeta o autorización de residencia en vigor ascendían a 24.272, frente a los 13.055 de un año antes, un incremento de casi el 86 por ciento. Y de las 10.650 solicitudes de autorización de residencia por cuenta ajena ya se na resulto 10.137, de las que sólo se han denegado 478.