Pide a Colombia los informes técnicos realizados sobre los ordenadores incautados al líder de las FARC 'Raúl Reyes'
MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha solicitado al Cuerpo Nacional de Policía que investigue los viajes a Venezuela que habrían realizado en el verano de 2008 los presuntos etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance para determinar si pudieron recibir instrucción sobre el manejo de explosivos y armas en este país, informaron fuentes jurídicas.
En una providencia hecha pública este miércoles, Velasco ordena a la Comisaría General de Información que "verifique la veracidad de las declaraciones" que los dos presuntos miembros del 'comando Imanol' realizaron ante la Guardia Civil tras ser detenidos el pasado 29 de septiembre, y determine si "existen pruebas" de que volaron a Venezuela para realizar estos cursillos, en cuyo caso solicita que se concrete qué "vuelos" tomaron y en qué "fechas".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que investiga las posibles relaciones entre ETA, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) y el Gobierno de Hugo Chávez, también pregunta por la existencia de pruebas que demuestren que el ex jefe militar de ETA Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, alias 'Ata', "les dio el dinero para costear el viaje".
ORDENADORES DE 'RAÚL REYES'
El magistrado también libra una comisión rogatoria a Colombia, a petición de la presunta representante de las FARC en Europa, Remedios García Albert, para que le remita todos los informes técnicos realizados sobre el contenido de los ordenadores incautados al número 2 de las FARC, Luis Edgar Devia Silva, alias 'Raúl Reyes', y si éstos pudieron ser manipulados tras su muerte en marzo de 2008. Esta información reveleba la existencia de contactos entre ETA y las FARC para realizar atentados conjuntos.
A este respecto, cita a declarar el próximo 2 de febrero en calidad de perito al jefe de Investigaciones Tecnológicas de Policía Judicial. Con esta diligencia, pretende lograr que informe del proceso de ocupación, la cadena de custodia y las periciales que se realizaron sobre el contenido de la computadora. En caso de no poder comparecer, el juez ofrece la posibilidad de que declare por videoconferencia.
También pide una copia de la declaración ante la Fiscalía General de este país que realizó el capitán Ronald Hayden Coy, quien dirigió la investigación sobre el contenido de los ordenadores del líder de las FARC. El juez quiere conocer, en concreto, "el cargo que ocupaba en la fecha de intervención" de las computadoras y si pertenece o no a la Policía Científica colombiana.
El juez, que rechaza por "reiterativas, inútiles y ajenas al objeto del procedimiento" otras diligencias solicitadas por la defensa de García Albert, reclama, además, todas "las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales sobre el adecuamiento legal de las diligencias de análisis de la información contenida en esos informes". Su objetivo es "acreditar si la documentación remitida es la encontrada en dichas computadoras o ha sido manipulada, así como si se respetaron las normas de procedimiento conforme a la legislación y jurisprudencia colombiana".
ADIESTRADOS POR CUBILLAS
En su declaración ante la Guardia Civil Atristain y Besance señalaron al etarra Arturo Cubillas Fontán, jefe de Seguridad del Institucional Nacional de Tierras de Venezuela (INTI), como la persona que les adiestró en el verano de 2008 en el manejo de explosivos.
El juez Velasco procesó en febrero pasado a los etarras Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta (ya fallecido), José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A todos ellos les imputa un delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.
Este último delito fue atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.