MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El máximo responsable de la administración en funciones impuesta por el Gobierno etíope en la región de Tigray, Abrham Belay, ha acusado este sábado a los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) de haber perpetrado el asesinato selectivo de los tres trabajadores humanitarios de Médicos sin Fronteras, entre ellos la española M.H., en esta conflictiva zona del norte del país.
Belay ha denunciado el ataque como un "acto despreciable de terrorismo" por parte del grupo, que continúa por un "desesperado callejón sin salida" al atacar "específicamente a los trabajadores humanitarios que operan en Tigray".
"Este último ataque selectivo contra el equipo formado por la coordinadora M.H., el coordinador adjunto Yohannes Halefom y el conductor Tedros Gebremariam nos entristece profundamente y pedimos a todos que condenen a voz en grito este loco acto de terrorismo", ha declarado el responsable de Gobierno en comentarios recogidos por la cadena Fana.
La administración en funciones del Gobierno "renueva su compromso para instaurar la llegada de ayuda coordinada en las zonas afectadas" por los combates contra el grupo rebelde y, hasta su expulsión por la fuerza, autoridad regional de Tigray.
"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias y amigos de las víctimas y al equipo de Médicos sin Fronteras en Etiopía", añadió Abrham.
El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, anunció en noviembre de 2020 el inicio de una ofensiva militar contra el TPLF, en respuesta a un ataque del grupo contra la principal base del Ejército en Mekelle tras un drástico repunte de las tensiones entre la formación y el Gobierno central.
Los meses de combates han sido extremadamente cruentos y el propio Gobierno etíope ha reconocido que sus fuerzas, así como sus aliados eritreos, han estado involucrados en masacres y abusos sexuales contra la población civil.
De hecho la Fiscalía General de Etiopía anunció el mes pasado las condenas a tres militares del Ejército etíope por violaciones y abusos sexuales a civiles durante el conflicto, así como la imputación de otros 28 soldados del asesinato de civiles y contra otros 25 más también por violación y abusos sexuales en el marco de la misma ofensiva.
Las agencias de la ONU y las ONG han visto limitado su margen de maniobra, en un contexto marcado por una gravísima crisis humanitaria. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha denunciado en su último informe sobre la situación, publicado este viernes, de casos de "acoso, intimidación y detención" de cooperantes, así como de la confiscación de ayuda.