Publicado 10/11/2021 18:45CET

Etiopía.- AI denuncia violaciones en grupo, saqueos y agresiones físicas cometidas por el TPLF en Tigray

Archivo - Ataque contra un paritorio en Tigray (Etiopía)
Archivo - Ataque contra un paritorio en Tigray (Etiopía) - IGOR G. BARBERO / MSF / MSF - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles presuntas violaciones en grupo, saqueos y agresiones físicas cometidas por el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF), tanto en la propia región de Tigray como en la vecina Amhara después de que el conflicto se haya extendido a otras partes del país.

Un total de 16 de mujeres de la localidad etíope de Nifas Mewcha, en la región de Amhara, han denunciado a Amnistía Internacional haber sido violadas por combatientes del TPLF durante un ataque de los rebeldes contra su ciudad, a mediados del pasado mes de agosto. Miembros del grupo las violaron a punta de pistola, les robaron, las agredieron física y verbalmente y destruyeron instalaciones médicas de la localidad.

La cifra asciende hasta las 71 mujeres que han denunciado haber sido violadas por rebeldes, según la persona del gobierno local responsable de Asuntos de Mujeres, Niños y Jóvenes, mientras que la cifra del Ministerio de Justicia federal ha informado de que son 73 las denuncias recibidas.

Las sobrevivientes han identificado a los atacantes debido a "su acento y los insultos étnicos que proferían, aparte del hecho de que ellos mismos se identificaban, sin rodeos, como miembros del TPLF", ha indicado la organización en un comunicado.

Además de las violaciones, que a veces eran justificadas por los rebeldes por una "venganza" por la violación de mujeres tigriñas por parte de las fuerzas del Gobierno, las víctimas también han denunciado insultos étnicos degradantes.

Hamelmal, una de las víctimas que ha asegurado a AI haber sido violada por cuatro combatientes del Frente, ha detallado que el que primero la violó "era su superior". "Decía: 'Los amhara son burros, los amhara han masacrado a nuestro pueblo (el pueblo de Tigray), las fuerzas federales de defensa han violado a mi esposa y ahora nosotros vamos a violarte a ti como nos apetezca'", ha contado.

"Los testimonios de las sobrevivientes describen actos execrables de los combatientes del TPLF, son constitutivos de crímenes de guerra y, posiblemente, de crímenes de lesa humanidad. Son actos que quebrantan la moralidad y hasta el más mínimo resquicio de humanidad", ha denunciado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.

Callamard ha instado, en este contexto, a los rebeldes del TPLF a "poner fin de inmediato a todos los abusos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario, incluida la violencia sexual y de género. Sus líderes deben dejar claro que esos abusos no se toleran, y expulsar de sus filas a los responsables".

PROBLEMAS DE SALUD

De las 16 sobrevivientes de violación entrevistadas por Amnistía Internacional, 15 han indicado que padecen problemas físicos y mentales a consecuencia de las agresiones, con síntomas como dolor de espalda, sangre en la orina, dificultad para caminar, ansiedad y depresión.

En este contexto, han denunciado que los rebeldes les han impedido acceder a atención médica exhaustiva tras las violaciones, lo que incluye anticoncepción de emergencia, profilaxis de emergencia contra el VIH y las infecciones de transmisión sexual, evaluación y tratamiento de lesiones y cuidados especializados de salud mental.

Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno etíope "agilizar los trámites para brindar apoyo integral a las sobrevivientes de violencia sexual y a las demás víctimas del conflicto", con un primer paso urgente que debe ser "facilitar el acceso humanitario, inmediato y sin obstáculos, a todas las zonas del norte de Etiopía que se han visto sacudidas por el conflicto", ha instado Callamard.

Además, las autoridades federales también deben garantizar que "todas las denuncias de violencia sexual sean investigadas de inmediato y de manera efectiva, independiente e imparcial" e "enjuiciar a los sospechosos de responsabilidad penal ante tribunales abiertos, accesibles y civiles, que cumplan las normas internacionales de justicia procesal, sin posibilidad de dictar condenas a muerte, y proporcionar reparaciones a las personas sobrevivientes", ha concluido Callamard.

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