MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha denunciado este viernes los nuevos "poderes generales de excepción" que se ha otorgado el Gobierno de Etiopía, mientras el país está "al borde de una catástrofe humanitaria y de Derechos Humanos" y experimenta un "alarmante aumento del discurso de odio en Internet".
La organización ha denunciado, en un comunicado, que los nuevos poderes de la Administración "restringen arbitrariamente los Derechos Humanos y amenazan la independencia del poder judicial", a la vez que ha alertado del aumento de publicaciones en las redes sociales que propugnan la violencia cibernética.
El estado de alarma, ha criticado "es excesivamente general, pues se extiende a todo el país y restringe Derechos Humanos cuyo disfrute, según el Derecho Internacional, no se puede limitar ni suspender en ninguna circunstancia". Por ejemplo, permite que las autoridades detengan a cualquier persona sin orden judicial si hay una "sospecha razonable" de que coopera con "grupos terroristas" y la recluyan sin revisión judicial mientras esté en vigor la proclamación, actualmente seis meses.
"Esto podría tener repercusiones especialmente preocupantes para quienes defienden los derechos humanos y quienes se dedican al periodismo", ha alertado Amnistía Internacional.
Asimismo, Amnistía ha puesto la voz de alarma sobre la petición de algunas autoridades, que han instado a los ciudadanos a tomar las armas contra el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF) y el Ejército de Liberación Oromo (OLA).
En este contexto, ante "la terrible crisis humanitaria y de Derechos Humanos, que "se ha desbordado" y para "impedir que la situación siga intensificándose sin control", las autoridades etíopes deben "adoptar con urgencia medidas serias para garantizar que se respetan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos", ha pedido el director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Deprose Muchena.
Muchena también ha considerado que "el carácter general del estado de excepción es un plan para la escalada de violaciones de Derechos Humanos como la detención arbitraria, (..) de quienes critican al Gobierno, y pone a las personas detenidas en un riesgo mayor de sufrir tortura y otros malos tratos".
En cuanto al aumento del discurso del odio en Internet, la organización ha recordado a las autoridades que "tienen la obligación de prohibir la apología del odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia" y "denunciar con urgencia cualquier declaración, en Internet o fuera de Internet, que haga apología de la violencia contra un grupo étnico específico".
El Gobierno ha decretado el estado de emergencia y ha llamado a la población a enfrentar al TPLF después de los avances del grupo en Amhara y de que confirmara contactos con el grupo rebelde OLA, escindido del Frente de Liberación Oromo (OLF) tras el acuerdo de paz de 2018, que ha lanzado también ofensivas en la región de Oromía, lo que amenaza con una expansión del conflicto a nivel nacional.
El conflicto comenzó el 4 de noviembre de 2020 cuando Abiy ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del Ejército en la capital de Tigray, Mekelle, tras meses de tensiones entre el TPLF y el Gobierno central en torno al aplazamiento de las parlamentarias, finalmente celebradas en junio y en las que Abiy logró una victoria aplastante ante los llamamientos al boicot y la falta de votación en varias zonas --entre ellas Tigray-- por la inseguridad.
Sin embargo, el TPLF logró importantes avances en junio que le permitieron recuperar Mekelle, tras lo que Abiy anunció un alto el fuego unilateral citando motivos humanitarios, rechazado por el grupo, que expandió su ofensiva a las adyacentes regiones de Amhara y Afar, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.
El conflicto ha cumplido este jueves un año en una situación que hace temer una expansión de la guerra a nivel nacional.