Resalta que hay "esfuerzos insuficientes" para determinar si hay "sospechas razonables" que motiven los arrestos
MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía (EHRC) ha afirmado este miércoles que el estado de emergencia decretado a principios de noviembre por el Gobierno ante los avances del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) no se está aplicando con "justicia" ni "imparcialidad", ante las denuncias sobre arrestos masivos, especialmente de miembros de la comunidad tigrayana.
El organismo ha mostrado en un comunicado publicado en su página web su "grave preocupación por la incapacidad de reunir información sobre el tratamiento a los detenidos y la situación de la detención" en el marco del estado de emergencia y ha resaltado que sus miembros han visitado comisarías y centros de detención para estudiar la situación.
Así, ha indicado que el organismo no cuenta con "información completa" sobre el número de detenidos, si bien ha subrayado que cuenta con informaciones sobre el arresto de "miles" de personas en la capital, Adís Abeba, y de más de 700 en Kirkos y de 300 en Dire Daua.
La EHCR ha resaltado que "algunas personas fueron detenidas por información entregadas por las fuerzas de seguridad, pero la mayoría fueron arrestadas por informaciones recibidas de la comunidad, con un gran número de detenidos provenientes de Tigray".
Por ello, ha hecho hincapié en que hay "esfuerzos insuficientes" por parte de las autoridades para analizar el origen de las denuncias y la información de cara a determinar si hay "sospechas razonables" que motiven el arresto, antes de agregar que entre los detenidos hay ancianos y personas con enfermedades mentales que necesitan tratamiento.
La EHCR ha advertido además que algunos de los lugares donde han sido trasladados los detenidos no cuenta con las condiciones adecuadas para ello, incluida la falta de medidas sanitarias, aire y luz, al tiempo que ha denunciado casos de detención en aislamiento e informaciones sobre "acoso sexual".
En este sentido, ha incidido en que la liberación de algunas personas de avanzada edad es un gesto adecuado, si bien ha señalado que debido a la falta de un proceso adecuado para los trámites, algunas de ellas han vuelto a ser detenidas debido a que "no había consentimiento del puesto de mando".
Por ello, el organismo ha reclamado a las autoridades que liberen "inmediatamente" a los detenidos sin pruebas y que garanticen que los arrestos son llevados a cabo con "justicia e imparcialidad", además de estar fundamentados en "pruebas razonables".
Asimismo, ha solicitado "acciones inmediatas para mejorar los Derechos Humanos de los detenidos, en particular en lo relativo al acceso a la salud, la higiene y otras servicios" y ha pedido a todas las partes implicadas que "cooperen" con las actividades de supervisión que está llevando a cabo el organismo.
El comunicado ha sido publicado un día después de que la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, indicara que cerca de mil personas han sido detenidas en Adís Abeba y otras ciudades de Etiopía en el marco del estado de emergencia decretado en el país e incidió en que "la mayoría de los detenidos serían de origen tigrayano" por "sospechas de estar afiliados o apoyar al TPLF".
En esta línea, el secretario general de la ONU, António Guterres, mostró el martes su "preocupación" por "los informes sobre arrestos y detenciones arbitrarias" tras la declaración del estado de emergencia y subrayó que esto "ayuda a aumentar las divisiones y el resentimiento entre los grupos".
Por ello, pidió a las autoridades etíopes "que se pronuncien de forma pública e inequívoca contra las acciones contra un grupo o grupos étnicos particulares y que demuestren su compromiso con los Derechos Humanos y el Estado de Derecho".
NUEVAS OPERACIONES
Por otra parte, las autoridades de Etiopía han indicado que "miles" de miembros del TPLF han muerto en las últimas horas tras una ofensiva lanzada contra la localidad de Woreilu, sin que el grupo se haya pronunciado por ahora sobre estos enfrentamientos.
Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión etíope Fana, el ataque fue repelido por el Ejército, las fuerzas especiales de la región de Amhara y milicias progubernamentales reclutadas en esta misma región, antes de agregar que "miles fueron aniquilados".
Asimismo, ha manifestado que el TPLF sufrió además "un desastre" al intentar hacerse con el control de Mille, en la región de Afar, y ha agregado que los milicianos están en retirada tras perder "miles" de combatientes.
El portavoz del TPLF, Getachew Reda, criticó el martes que el primer ministro, Abiy Ahmed, presente el conflicto como "una guerra entre un Gobierno comprometido con salvaguardar la soberanía de Etiopía y los que están decididos a destruir el país".
"Nada puede estar más alejado de la verdad. Los tres años en los que el régimen de Abiy lleva en pie son un historial de traiciones a los intereses nacionales", dijo a través de su cuenta en la red social Twitter, antes de cargar contra la influencia de Eritrea en los asuntos internos del país.
"El régimen de Adís Abeba ha vendido los intereses fundamentales de Etiopía al enemigo más implacable del país, el régimen de Asmara", manifestó, al tiempo que subrayó que "el régimen (etíope) ha mostrado constantemente su disposición a vender los activos estratégicos de Etiopía mientras aumenta el nacionalismo patriotero".
En este sentido, Getachew arguyó que "la campaña en Tigray fue lanzada para acabar con el último obstáculo a su mandato, pero irónicamente Etiopía está al borde del abismo como consecuencia". "Abiy ha hecho un gran trabajo a la hora de desmembrar Etiopía", denunció.
"Si hay alguna pequeña oportunidad de evitar la irreversible desintegración de Etiopía, ciertamente pasa por la pronta salida de Abiy (del poder)", zanjó, días después de asegurar que el grupo continuará su avance hacia la capital a menos que el primer ministro acepte sus condiciones".
El conflicto comenzó el 4 de noviembre de 2020 cuando Abiy ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del Ejército en Mekelle tras meses de tensiones entre el TPLF y el Gobierno central en torno al aplazamiento de las parlamentarias, finalmente celebradas en junio y en las que Abiy logró una victoria aplastante ante los llamamientos al boicot y la falta de votación en varias zonas --entre ellas Tigray-- por la inseguridad.
Sin embargo, el TPLF logró importantes avances en junio que le permitieron recuperar Mekelle, tras lo que Abiy anunció un alto el fuego unilateral citando motivos humanitarios, rechazado por el grupo, que expandió su ofensiva a las adyacentes regiones de Amhara y Afar, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.