MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
Estados Unidos ha pedido a los bancos multilaterales de desarrollo que suspendan la financiación a Etiopía a medida que surgen nuevos informes de abusos contra los Derechos Humanos durante el conflicto en la región de Tigray.
El secretario adjunto del Departamento de Estado de EEUU para África, Robert Godec, ha denunciado que la región vive ahora mismo una situación de hambruna tras los combates entre el Ejército etíope, con auxilio de Eritrea, y los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigray (TFLP).
El pasado fin de semana, Etiopía reconoció al menos dos masacres que costaron la vida a más de 300 civiles e imputó a medio centenar de militares por violación y asesinato durante el conflicto, por no mencionar los decenas de miles de desplazados por la violencia.
"Hay informes confirmados de tigrayanos que se están muriendo de desnutrición y de hambre", según Godec. Ello ha llevado a Estados Unidos a pedir al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que retengan los fondos a Etiopía hasta el propio Gobierno no ayude directamente a los afectados con el dinero ahora mismo a su disposición.
El primer ministro del país, Abiy Ahmed, lleva meses cortejando a inversores extranjeros entre promesas de apertura para la economía de un país que recibió 1.000 millones de dólares de ayuda estadounidense el año pasado.
Al menos 1.246 mujeres han sido registradas como víctimas de violencia de género grave en Tigray desde que estalló la guerra en noviembre, según un informe confeccionado por el Gobierno local de Tigray, visto por la agencia Bloomberg y confirmado por el Gobierno etíope y funcionarios de las Naciones Unidas.
Los datos sobre casos de violencia sexual son los más detallados hasta ahora de la región e incluyen información recopilada de 11 centros de salud en localidades como Mekele, Axum, Adigrat, Shire y Wukro.
Al menos tres millones de personas en Tigray necesitan refugio, pero las autoridades se niegan a permitir que las personas desplazadas permanezcan dentro de las escuelas y universidades, según el informe. La mayoría de los que se han visto obligados a huir de sus hogares no están registrados y muchos duermen al aire libre, según el documento.