MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Dinamarca y Países Bajos se han mostrado este lunes "profundamente preocupados" por las detenciones por parte del Gobierno etíope de "un gran número de ciudadanos" por razones étnicas, y han alertado a Adís Abeba que el estado de emergencia declarado en el país "no justifica esta detención masiva".
Los informes de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía (CEDH) y Amnistía Internacional describen detenciones generalizadas de personas de etnia tigriña, incluidos sacerdotes ortodoxos, personas mayores y madres con hijos, han explicado los seis países en un comunicado conjunto.
A estas personas se las arresta y detiene sin cargos ni audiencia judicial y se las mantiene en condiciones inhumanas, han continuado relatando, avisando de que "muchos de estos actos probablemente constituyan violaciones del Derecho Internacional", por lo que "deben cesar de inmediato". En este contexto, han pedido que "los observadores internacionales tengan acceso oportuno y sin trabas".
Pero no solo han hecho referencia a estas detenciones también se han mostrado "gravemente preocupados" por los abusos y violaciones de los Derechos Humanos, como los relacionados con la violencia sexual, identificados en el informe de investigación conjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CEDH.
Por eso, han recordado que "todas las partes deben cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, incluidas las relativas a la protección de civiles y personal humanitario y médico".
"Está claro que no hay una solución militar a este conflicto, y denunciamos todas y cada una de las violencias contra la población civil, pasadas, presentes y futuras", han concluido, a la vez que han reiterado su llamamiento a "aprovechar la oportunidad de negociar un alto el fuego sostenible sin condiciones previas".
Desde que comenzó el conflicto hace un año entre las fuerzas del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) y el Gobierno federal etíope, miles de personas han muerto y más de dos millones han sido forzadas a abandonar sus hogares.