MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Etiopía ha acusado este viernes a Naciones Unidas de desviar ayuda humanitaria hacia el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) y ha demandado que de forma "inmediata" sean remplazados los siete funcionarios de la organización que un día antes fueron expulsados por "entrometerse" en los asuntos internos del país africano.
El Ministerio de Asuntos Exteriores etíope ha lanzado un comunicado ahondado en los motivos que motivo al Gobierno a tomar esa decisión de considerar "persona non grata' a siete trabajadores de la ONU, entre ellos, el director de UNICEF en el país, Adele Khodr, entre las cuales está también el "uso propagandístico de la ayuda humanitaria" o la "violación de los acuerdos de seguridad pactados".
"Como miembro fundador, Etiopía a lo largo de los años ha demostrado ampliamente su compromiso con la Carta de Naciones Unidas", comienza un comunicado en el que reconoce y agradece la labor que las agencias de la ONU han reliazado durante todo este tiempo para "salvar la vida de millones de personas".
Sin embargo, continúa el texto, las autoridades etíopes han asegurado haber observado "con tristeza" cómo "algunos miembros del personal de la ONU no habían cumplido con su misión de manera independiente e imparcial" en relación al acuerdo alcanzado en noviembre de 2020 en lo que respecta al reparto de ayuda en Tigray.
"Estas graves violaciones se han notificado a estos altos funcionarios de la ONU y otros socios internacionales en múltiples ocasiones, pero sin éxito. A pesar de ello, cuenta, "persistieron las graves violaciones", por lo que el Gobierno, "como medida de último recurso", pidió a estas siete personas que salieran del país.
El Gobierno de Etiopía ha elaborado una lista de cinco punto "para evitar confusiones al respecto" y detallar los motivos de estas expulsiones. A saber, el "desvío de asistencia humanitaria" y "transferencia de equipos de comunicación" a los rebeldes de Tigray; la "violación de los acuerdos de seguridad pactados", la "difusión de desinformación y la politización de la ayuda humanitaria"; y la "reticencia en exigir al TPLF la devolución de más de 400 camiones".
"Etiopía está profundamente decepcionada por el hecho de que algunos países estén instando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a tomar medidas por este asunto. Se trata de una flagrante violación de la prerrogativa soberana de Etiopía en cuestiones de seguridad nacional", dice el comunicado.
"Confiamos en que la prestación de asistencia humanitaria no se vea afectada por esta medida", señala el texto en el que también se insiste en que el Gobierno continuará cooperando con Naciones Unidas para "aliviar el sufrimiento" del pueblo etíope, aunque, matiza, siempre y cuando "sus actividades no socaven la soberanía de Etiopía".
La ofensiva del Ejército etíope contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) arrancó el 4 de noviembre por orden del primer ministro, Abiy Ahmed, en respuesta a un ataque de este grupo contra una base del Ejército en la capital regional, Mekelle, que se saldó con la muerte de un importante número de militares etíopes.
Tras ello, las fuerzas etíopes, que contaron con el apoyo de tropas eritreas y las fuerzas especiales de Amhara, lograron tomar Mekelle e imponer una autoridad interna, si bien finalmente han terminado cediendo terreno, lo que llevó a Abiy a anunciar el alto el fuego aduciendo razones humanitarias.