MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Etiopía han trasladado a Naciones Unidas que Adís Abeba no tiene por qué dar explicaciones sobre la expulsión de siete trabajadores del organismo internacional a los que la semana pasada declaró como 'persona non grata'.
El representante especial etíope ante la ONU, Taye Atske Selassie, ha resaltado que todos ellos actuaron al margen de sus atribuciones y de las normas de la conducta profesional, antes de incidir en que el país no tiene una obligación legal de justificar su decisión.
"Entre las múltiples transgresiones que seleccionamos con gran cuidado y atención, la mala conducta de estas pocas personas no habla por el profesionalismo y capacidad de la ONU, en Etiopía o en cualquier otro lugar", ha dicho Taye ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Así, ha resaltado que "por contra, habla del grave dilema ético que existía en la operación humanitaria en Etiopía desde hace once años". "Estas personas ejecutaron la conspiración creada por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TOLF) y sus miembros para crear una imagen de víctimas extremas", ha apuntado.
Taye ha resaltado que el TPLF, contra el que el Ejército lanzó una ofensiva en noviembre de 2020 en la región de Tigray, "buscaba crear una situación similar a la de (la región sudanesa de) Darfur", según ha recogido la cadena de televisión etíope Fana.
En este sentido, ha manifestado que, pese a que la misión de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Etiopía habla de 2,8 millones de personas en necesidad de ayuda, la sede central "habla de 3,8 millones, dado que ese nivel de inflación de la miseria era necesario para elevar la crisis a nivel tres".
De esta forma, ha resaltado que la decisión fue adoptada "a partir de información recopilada en una región con seis millones de personas por un único trabajador de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) e interpretada por dos trabajadores de la ONU en Roma que son etíopes y abiertos seguidores del TPLF".
Por ello, ha denunciado que se presentaron "acusaciones falsas" ante la ONU, incluido el uso del hambre como arma de guerra y ha recalcado que los expulsados entregaron "alimentos, medicinas, equipamiento de comunicaciones y sumiistros básicos" al TPLF antes de ser expulsados del país.
Las palabras de Taye han llegado después de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, exigiera el miércoles a las autoridades de Etiopía que "faciliten" el desarrollo del trabajo humanitario de la organización en el país ante la "urgencia" humanitaria.
"Pido a las autoridades etíopes que nos permitan hacerlo sin obstáculos y que faciliten y habiliten nuestro trabajo con la urgencia que exige esta situación", aseveró el líder de la ONU, quien especificó que se debe "asegurar que los visados para el personal (...) se emitan rápidamente".
Por otro lado, reiteró su crítica hacia la "expulsión sin precedentes" de siete miembros del personal de la ONU y puso de manifiesto las necesidades en el norte del país a consecuencia de la guerra en la región de Tigray, que ahora también se ha extendido a las regiones de Afar y Amhara.
Guterres recordó al Gobierno de Etiopía que declarar a un miembro del personal como 'persona non grata' y exigirle que abandone el país es incompatible con la obligación de cualquier nación en base a la Carta de Naciones Unidas, antes de pedir explicaciones a Adís Abeba por la decisión.
El Gobierno de Etiopía anunció el 30 de septiembre que siete trabajadores de diferentes agencias de Naciones Unidas habían sido declarados 'persona non grata' "por entrometerse en los asuntos internos del país" y ordenó que abandonaran el país en el plazo de 72 horas.
Entre los expulsados está la representante de UNICEF en Etiopía, Adele Khodr; y varios trabajadores de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), así como de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.