MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Casi ocho de cada diez mujeres embarazadas y lactantes en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, sufren desnutrición, un nivel sin precedentes desde el inicio del conflicto en la zona y que evidencia la delicada situación humanitaria desde el inicio del conflicto en noviembre de 2020.
La ONU estima que 5,2 millones necesitan ayuda en varias regiones septentrionales del país africano, donde los suministros siguen llegando a cuenta gotas. En la semana entre el 21 y el 28 de septiembre, solo llegaron 79 camiones con ayuda, cuando en realidad deberían haber entrado unos cien por día para cubrir las necesidades.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que la situación alimentaria es "crítica". Preocupa especialmente en ciertos colectivos, como las mujeres embarazadas y con hijos en edad lactante, ya que de las 15.000 personas examinadas en un estudio, más de 12.000 --el 79 por ciento-- sufría desnutrición aguda.
El peor cuadro del hambre también afecta al 2,4 por ciento de los niños menores de cinco años, cuatro décimas por encima del nivel de emergencia. También supera el umbral crítico del 15 por ciento la proporción de niños con desnutrición moderada, ya que ronda el 18 por ciento, según el último informe de Naciones Unidas.
El bloqueo de la llegada de suministros comerciales impuesto desde finales de junio ha derivado, además, en una menor oferta y en un aumento del precio de productos básicos, en un contexto en el que por ejemplo los funcionarios no cobran su sueldo. El aceite se ha disparado un 400 por ciento, la sal un 300 por ciento y el arroz un 100 por ciento, apunta la OCHA.
El plan de respuesta humanitario, elaborado por la ONU en colaboración con sus socios, aún requiere 270 millones de dólares (unos 233 millones de euros) para cubrir las necesidades humanitarias en el último cuatrimestre de 2021.
El Gobierno de Etiopía, sin embargo, pone en duda este tipo de evaluaciones, acusando incluso a Naciones Unidas de entrometerse en asuntos internos. El jueves, ordenó la expulsión de representantes de varias de sus agencias, en un movimiento que ha generado críticas por parte de la comunidad internacional.
El Ejecutivo de Abiy Ahmed defiende entretanto sus operaciones contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), al que comenzó a atacar en noviembre en respuesta a un ataque contra una base militar.