Revela la existencia de ejecuciones, torturas, violencia sexual y desplazamiento forzoso de civiles
MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una investigación conjunta de Naciones Unidas y la Comisión de Etiopía para los Derechos Humanos (EHRC) ha determinado "motivos razonables" para creer que todas las partes implicadas en el conflicto en la región de Tigray (norte) han cometido violaciones de los Derechos Humanos y la ley de refugiados, algunos de los cuales podrían equivaler a crímenes de guerra y contra la humanidad.
El Equipo Conjunto de Investigación (JIT), integrado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la EHRC, ha resaltado que sus pesquisas han permitido obtener "detalles" sobre "violaciones y abusos", incluidos ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y de género, violaciones contra los refugiados y desplazamiento de civiles.
El informe cubre el periodo desde el 3 de noviembre de 2020, cuando el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) lanzó un ataque contra la principal base del Ejército de Etiopía en la capital de Tigray, Mekelle, lo que desencadenó una ofensiva militar un día después, y el 28 de junio, cuando el Gobierno decretó un alto el fuego que no fue aceptado por el grupo tigriña.
La JIT ha manifestado que hizo frente a "numerosos desafíos operativos, administrativos y de seguridad", incluida su incapacidad para visitar todas las zonas de Tigray a las que quería acceder. Así, el equipo de investigación visitó Mekelle y otras localidades de Tigray, la región de Amhara y la capital, Adís Abeba, para reunirse con víctimas y testigos, funcionarios, miembros de la sociedad civil y representantes de organizaciones internacionales y ONG.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha resaltado que "el conflicto en Tigray ha estado marcado por la brutalidad extrema". "La gravedad de las violaciones y abusos documentados subrayan la necesidad de que los responsables de todas las partes rindan cuentas", ha valorado.
"En un momento en el que el conflicto se ha recrudecido, con los civiles capturados en medio como siempre, es vital que todas las partes escuchen los repetidos llamamientos al fin de las hostilidades y busquen un alto el fuego duradero", ha manifestado Bachelet.
En este sentido, el jefe de la EHRC, Daniel Bekele, ha dicho que "mientras el conflicto se expande con más informes sobre violaciones y abusos, este documento representa una oportunidad para que todas las partes reconozcan su responsabilidad y se comprometan a adoptar medidas concretas sobre la rendición de cuentas, la compensación a las víctimas y la búsqueda de una solución sostenible para poner fin al sufrimiento de millones de personas".
El informe recoge que "hay motivos razonables para creer que todas las partes en el conflicto han atacado a civiles y objetos civiles de forma directa (...) o han llevado a cabo ataques indiscriminados que han causado víctimas civiles o destrucción o daños a objetos civiles", entre los que figuran casas, escuelas, hospitales y lugares de culto.
Entre estos sucesos figuran un ataque con artillería llevado a cabo por el Ejército el 28 de noviembre de 2020 contra Mekelle que dejó al menos 29 civiles muertos. Asimismo, al menos 15 civiles murieron por ataques del TPLF entre el 9 y el 11 de noviembre en Humera.
MATANZAS Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Asimismo, la JIT ha responsabilizado al Ejército, las Fuerzas Armadas de Eritrea, el TPLF, las milicias de la región de Amhara y milicias asociadas al grupo tigriña de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, incluida la masacre de más de 200 civiles amhara por parte de una milicia tigriña en la localidad de Mai Kadra.
La comisión conjunta ha manifestado que "se llevaron a cabo asesinatos en venganza en Mai Kadra contra tigriñas" después de que el Ejército etíope se hiciera con el control de la ciudad, al tiempo que ha apuntado al asesinato de más de cien civiles el 28 de noviembre en Axum por parte del Ejército eritreo.
"Podrían haberse cometidos crímenes de guerra, dado que hay motivos suficientes para creer que personas que no participaban directamente en las hostilidades fueron asesinadas de forma consciente por las partes en conflicto", destaca el informe, que apunta a la presunta existencia de ataques "sistemáticos" contra grupos de población, por lo que podría hablarse de crímenes contra la humanidad.
Por otra parte, afirma que "las torturas y malos tratos a civiles y combatientes capturados han sido una expresión de la brutalidad mostrada por todas las partes en conflicto", incluidas palizas con cables eléctricos o barras metálicas, amenazas de ejecución y ausencia de entrega de comida o agua.
La JIT ha apuntado que civiles en la zona occidental de Tigray fueron torturados por ser miembros de la comunidad amhara, mientras que soldados y combatientes capturados, así como civiles acusados de darles apoyo, fueron igualmente torturados.
Entre estos casos figura la situación vivida el 2 de abril en Samre, donde soldados eritreos exhibieron por la fuerza a 600 tigriñas a los que habían dejado en ropa interior o totalmente desnudos. Asimismo, las fuerzas tigriñas exhibieron a soldados etíopes capturados.
DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES FORZOSAS
La comisión ha apuntado a la existencia de detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones forzosas, incluida la reclusión de detenidos por parte del Ejército de Etiopía en lugares secretos y campamentos militares. El TPLF y grupos aliados llevaron a cabo secuestros y detenciones de civiles no trigriñas, algunos de los cuales fueron asesinados o han sido dados por desaparecidos.
Asimismo, ha recogido la existencia de saqueos por parte de todas las partes en conflicto, así como incidentes de violencia sexual y de género por parte de todos los actores implicados, incluidas acusaciones de violaciones en grupo cometidas por soldados etíopes y eritreos y por parte de miembros del TPLF.
El documento dice que en muchos casos estas violaciones o formas de violencia sexual fueron usadas para "degradar y deshumanizar a las víctimas". Del total de 30 mujeres entrevistadas, cerca de la mitad fueron violadas en grupo y varias de ellas quedaron embarazadas o sufren enfermedades de transmisión sexual.
La comisión ha subrayado que hombres y niños fueron igualmente sometidos a este tipo de violencia, incluido un adolescente de 16 años que fue violado por nueve soldados eritreos en Humera y que posteriormente se suicidó. En este sentido, ha dicho que el número de violaciones y agresiones es probablemente mayor, si bien las denuncias son escasas por el trauma y el estigma social.
En otro orden de cosas, ha dicho que miles de civiles se han visto forzados a huir de sus hogares, especialmente en la zona occidental de Tigray. Así, ha valorado que hay motivos para creer que estos desplazamientos fueron llevados a cabo "a gran escala y sin justificación legal", por lo que podrían equivaler a crímenes de guerra y contra la humanidad.
En esta línea, ha denunciado que el TPLF y el Ejército de Eritrea violaron el carácter civil de los campamentos de refugiados al irrumpir en el de Shimelba, que acogía a refugiados eritreos, y usarlo como instalación militar.
Por todo ello, ha pedido a todas las partes que pongan fin a las violaciones y abusos y adopten medidas para proteger a los civiles, así como que pongan fin a las hostilidades y a cualquier medida que pueda agravar la situación humanitaria.
La JIT ha solicitado al Gobierno de Etiopía que abra investigaciones "exhaustivas y efectivas", con prioridad sobre las ejecuciones extrajudiciales, y ha pedido a Eritrea que lleva a cabo investigaciones "en línea con los estándares internacionales", que garantice el fin de la violencia por parte de sus fuerzas y que libere a los refugiados eritreos detenidos en el país.