El exministro de planificación federal Julio de Vido
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   BUENOS AIRES, 28 Dic. (Notimérica) -

   Este martes, el juez federal Julián Ercolini ordenaba procesar por asociación ilícita a la expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, en uno de los muchos frentes judiciales que tiene abiertos, apenas un año después de abandonar la casa rosada.

   Además de la exmandataria, el juez también ha ordenado procesar a otros altos cargos del gobierno 'kirchnerista', como es el caso del exministro de Planificación Julio de Vido o del exsecetario de Obras Públicas José López.

   El resto de los procesados --un total de doce, contando a la exmandataria--, se han enfrentado a la justicia por dos delitos diferentes: asociación ilícita y administración fraudulenta.

   En el primer caso, cinco han sido las autoridades consideradas, junto con Fernández de Kirchner, coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración. Según 'La Nación', a todos se les ha impuesto un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 643 millones de dólares).

   Los otros cinco procesados por asociación ilícita han sido De Vido; López; el testaferro del exmandatario Néstor Kirchner, Lázaro Antonio Báez; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Guillermo Periotti; y el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo de Kirchner, Carlos Santiago Kirchner.

   En cuanto a los procesados por administración fraudulenta, quienes han sido considerados partícipes necesarios en la trama, son un total de seis y a estos se les ha impuesto un embargo de 2.500 millones de pesos (unos 160 millones de dólares).

   Se trata del funcionario de Vialidad Nacional, Raúl Osvaldo Daruich; el que fuera responsable del Distrito 23 de Vialidad Nacional en el sur, Mauricio Collareda; el expresidente de Vialidad Provincia Raúl Santibáñez; y Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe y Raúl Gilberto Pavesi, todos ellos expresidentes de la dirección de Viabilidad Provincial de Santa Cruz.

EL CASO

   Los encargados del caso tratan de dilucidar la legalidad de las obras públicas que se concedieron durante el Gobierno de Fernández de Kirchner al Grupo Austral, de Báez. Según la Fiscalía, hubo "un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia y orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación de obra pública".

   "Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados", ha apuntado Ercolini, de acuerdo con la prensa argentina.

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