MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
Nueve expertos de Naciones Unidas han reclamado este jueves una investigación independiente sobre las muertes que se produjeron durante las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro en enero, en el contexto de la autoproclamación de Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.
Los ocho relatores y el presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Seong-Phil Hong, han cifrado en al menos 26 las personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares que apoyan al Gobierno durante las manifestaciones contra Maduro que tuvieron lugar entre el 22 y el 25 de enero.
Además, calculan que más de mil personas fueron detenidas de forma arbitraria entre el 21 y el 29 de enero. De acuerdo con las denuncias, han señalado, la mayoría de los detenidos permanecieron incomunicados durante días, sin acceso a la familia ni a representación legal.
Han llamado la atención sobre el hecho de que los periodistas y las comunidades indígenas han sido un "objetivo específico". En total 48 periodistas han sido víctimas de detenciones arbitrarias y otros ataques, mientras que en las comunidades indígenas ha habido "una serie de lesiones y muertes presuntamente resultantes del uso de municiones reales por parte de la Guardia Nacional Bolivariana".
"Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que lleven a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva de todas las muertes ocurridas durante las protestas en curso, y la liberación de todos aquellos que han sido detenidos por ejercer legítimamente sus Derechos Humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica", han exigido.
También se han mostrado "profundamente preocupados por el rápido deterioro de la situación económica, social y política" en Venezuela. Así, han condenado las "violaciones sistemáticas y generalizadas" de los Derechos Humanos denunciadas en los últimos meses.
Así las cosas, han exhortado a las autoridades venezolanas "a que tomen medidas urgentes e inmediatas para enfrentar esta compleja crisis con el pleno respeto de sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos", abordando "las causas subyacentes de las manifestaciones".
La crisis venezolana se agudizó el 10 de enero a raíz de la decisión de Maduro de iniciar un segundo mandato que no reconocen ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional por considerar que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.
El 23 de enero, Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela obteniendo el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, la mayoría de los países de la región y numerosos europeos, para que gestione una transición pacífica que culmine con nuevas elecciones.