Archivo - January 22, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: Current and former Capitol Police officers Harry Dunn, Daniel Hodges, Aquilino Gonell and Michael Fanone (L-R) listen to Jack Smith, former Special Counsel, make opening statements during - Europa Press/Contacto/Mattie Neretin - Archivo
MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
Dos expolicías que defendieron el Capitolio durante el asalto del 6 de enero de 2021 han demandado este miércoles a la Administración Trump por la creación de un fondo de casi 1.800 millones de dólares (más de 1.500 millones de euros) para compensar a presuntas víctimas de lawfare durante la administración anterior, alegando que podría utilizarse para pagar a personas que participaron en la insurrección.
El expolicía del Capitolio Harry Dunn y el exagente del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington Daniel Hodges han argumentado en su demanda ante un tribunal de la capital estadounidense que el fondo viola la Decimocuarta Enmienda al utilizar dinero federal para "pagar cualquier deuda u obligación contraída en apoyo de una insurrección o rebelión contra Estados Unidos".
Los agentes también han afirmado que el Departamento de Justicia no tiene autoridad legal para crear el fondo, que tiene facultad de emitir disculpas formales y otorgar compensaciones económicas a presuntas víctimas de la "instrumentalización" del sistema y la "guerra jurídica", según Politico.
Esto se produce después de que el Departamento de Justicia informara el lunes de que, "como parte del acuerdo extrajudicial en el caso" de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Fiscalía había establecido el citado fondo a fin de "atender las reclamaciones de quienes han sufrido abusos e ilegalidades".
Los demandantes --incluyendo el hijo del presidente, Eric Trump, y la Organización Trump-- interpusieron una demanda contra el Departamento del Tesoro y el IRS tras la filtración de sus declaraciones de impuestos de 2019 y 2020, si bien el acuerdo estipuló que no recibirían "compensación monetaria ni indemnización de ningún tipo".
"La maquinaria gubernamental jamás debe usarse como arma contra ningún ciudadano estadounidense y la intención de este Departamento es corregir los errores cometidos anteriormente y garantizar que esto no vuelva a suceder", indicó el fiscal general interino, Todd Blanche, en un comunicado.