MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de El Salvador Antonio Saca se ha declarado culpable de los delitos de blanqueo de capitales y peculado en la primera sesión del juicio que se celebra en su contra por la corrupción de su Gobierno (2004-2009), conforme a un acuerdo que ha cerrado con la Fiscalía para obtener una condena menor.
Saca confesó el pasado 17 de julio desde la cárcel de Mariona donde está recluido, y apenas una semana después el Ministerio Público aceptaba el acuerdo, según informa el diario local 'La Prensa Gráfica'. Este martes, el expresidente se ha limitado a confirmar los cargos durante la lectura de los mismos.
"En vista de que el imputado se declara culpable, entonces, por este hecho, (busca) evitar toda la actividad probatoria para declarar a los convictos (y) la misma ley le permite este ajuste de hacer una sanción menor", ha dicho a la prensa el abogado de Saca, Lisandro Quintanilla.
Saca, acusado de saquear más de 300 millones de dólares de las arcas públicas durante su mandato con la complicidad de seis colaboradores que también están siendo juzgados, podría conseguir una reducción sustancial de la pena pasando de 30 a diez años de cárcel.
Los exsecretarios Élmer Charlaix, Julio Rank y César Funes han aceptado el mismo acuerdo, mientras que los demás imputados --Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez-- aún se resisten, si bien su abogada ha indicado este martes que todavía hay tiempo para que se sumen.
El acuerdo prácticamente garantiza una sentencia condenatoria contra Saca, sin embargo, ha sido muy criticado porque durante la fase de instrucción la Fiscalía había asegurado que tenía pruebas sólidas contra el expresidente, por lo que se esperaba que cumpliera la máxima pena.
"No significa que el caso se ha perdido. Es más, nosotros estamos proponiendo una pena de diez años de prisión contra el expresidente de la República", ha argumentado ante los medios de comunicación el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez.
Además, Saca, un empresario de 53 años que fue detenido en 2016 durante la boda de uno de sus hijos, tendrá que devolver con sus bienes el dinero robado, del que se beneficiaron tanto él como su partido, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ha subrayado Cortez.