LA PAZ, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Senado de Bolivia aprobó este jueves el proyecto de ley que prevé un "reconocimiento pecuniario" de por vida para los expresidentes y exvicepresidentes que ejercieron funciones constitucionales y que no participaron de gobiernos dictatoriales en el país.
"Lo que ocurre es que hay expresidentes que sí perciben un monto por resolución del viejo Congreso y otros que no lo hacen, y eso no es posible, porque no se puede discriminar a unos y aceptar a otros", ha explicado el senador del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza, ponente del proyecto.
En este sentido, ha precisado que los expresidentes y exvicepresidentes que se enfrentan a juicios por hechos sucedidos durante su gestión no podrán recibir este beneficio, "porque es algo que la propia ley señala expresamente", informa este viernes el diario 'La Razón'.
Según Mendoza, los exgobernantes deberán remitir al Senado una solicitud para percibir esta renta vitalicia. En concreto, el pago aprobado es de doce salarios mínimos al mes. La semana pasada el Gobierno de Evo Morales acordó con los sindicatos una subida del 20 por ciento del mínimo nacional, que pasará de los 1.000 bolivianos (109,8 euros) actuales a 1.200 (131,7 euros).
Durante el debate, el senador del MAS Eduardo Maldonado calificó la ley de "política y contradictoria" a lo que dijo Evo Morales en 2005, cuando propuso eliminar las rentas vitalicias para los expresidentes y exvicepresidentes.
"Nuestro presidente dijo que (las rentas) legalmente son posibles, pero éticamente no", recordó. A este respecto, Mendoza justificó que el contexto del debate es diferente al de entonces e insistió en que no pueden haber exdignatarios que reciban el salario y otros que no, precisa el diario.
Según precisa la emisora Erbol, que cita al líder del MAS en el Senado, Eugenio Rojas, tampoco podrán acogerse al cobro de dicha renta aquellos exmandatarios que estén ejerciendo un cargo público, como ocurre con el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, al que Morales ha encargado que defienda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la salida al mar para Bolivia en el contencioso con Chile.