RIO DE JANEIRO (Reuters/EP) - La decisión de la corte suprema de Brasil de extraditar a un militar uruguayo abre una puerta al esclarecimiento de los crímenes cometidos por las dictaduras del Cono Sur en el marco del Plan Cóndor, dijo el viernes Amnistía Internacional (AI).
El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño aprobó el jueves la extradición a Argentina del coronel retirado Manuel Cordero, acusado del secuestro y desaparición de personas en la década de 1970, incluyendo un niño.
"Al decidir enviar a Cordero a Argentina, la Corte Suprema de Brasil está demostrando que la justicia internacional funciona y enviando el fuerte mensaje de que ningún país debe ser refugio para criminales", dijo Hugo Relva, consejero jurídico de AI, según una nota del organismo humanitario.
Cordero es acusado de la desaparición de ciudadanos uruguayos y argentinos en el marco del Plan Cóndor, operaciones conjuntas de las dictaduras del Cono Sur en la década de 1970 y parte de la de 1980 para reprimir a sus opositores.
El militar retirado, quien ingresó a Brasil en el 2004 y fue detenido tres años después, también es acusado de participar en el secuestro de un niño.
Tras la decisión del STF, la entrega de Cordero debe ser ordenada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, un ex líder sindical que fue encarcelado por su oposición a la dictadura militar de su país.
"Lo que resta aún es que Brasil investigue y haga justicia en los cientos de casos de abusos que se cometieron durante su propio régimen militar", que se extendió de 1964 a 1984, dijo Relva.
"Un primer y fundamental paso para esto es la derogación de la anacrónica Ley de Amnistía", agregó.
Al contrario de otros países del Cono Sur -como Argentina, Chile y Uruguay-, Brasil nunca ha juzgado a nadie por homicidios y torturas cometidos por agentes de su dictadura gracias a la amnistía aprobada por el Congreso en 1979.
El Gobierno de Lula publicó en el 2007 un informe sobre 11 años de investigaciones sobre el destino de los desaparecidos del país, pero apenas ha promovido reconocimientos para decenas de arrestados y torturados durante el régimen militar.
Aunque Uruguay también había solicitado la extradición de Cordero, el STF descartó antes ese pedido por considerar que los delitos que se le imputan fueron cometidos en Argentina, que lo requirió a Brasil en el 2005.
Cordero responderá en Argentina por el secuestro y desaparición en 1976 del niño Adalberto Soba Fernández, quien según Amnistía tenía apenas 20 días cuando fue ilegalmente entregado en adopción.
Fueron numerosas las denuncias de apropiación de los hijos de mujeres detenidas por las dictaduras del Cono Sur, que luego desaparecían al igual que sus madres.
La justicia argentina investiga los crímenes cometidos en el ex centro de detención conocido como Automotores Orletti, en Buenos Aires.
(Por Julio Villaverde; Editado por Patricia Avila)