Actualizado 28/02/2015 12:11

Muere el histórico fiscal que acusó a los responsables de la dictadura militar argentina: Julio César Strassera

El exfiscal Julio Cesar Strassera
Foto: REUTERS

BUENOS AIRES, 27 Feb. (Notimérica) -

   El ex fiscal Julio César Strassera, quien se encargó de acusar a los máximos responsables de la dictadura militar en Argetina, culpables de la desaparición de 30.000 personas y del secuestro y tortura de miles más, ha fallecido este viernes a los 81 años tras varias semanas internado en la Clínica San Camilo de la capital, según ha informado la agencia oficial Télam.

   Strassera fue el autor de la famosa frase "nunca más", en el alegato final de la Fiscalía en el juicio contra las juntas militares durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, que se convirtió en un símbolo de lucha por los Derechos Humnanos y la defensa de la democracia.

   El fiscal terminó su intervención con la frase: "Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: 'nunca más'".

   El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires dictó sentencia y condenó a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a cadena perpetua; a Roberto Viola a 18 años de prisión; a Armando Lambruschini a 8 años de prisión, y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.

   César Strassera, a la edad de 40 años, comenzó a ejercer en la Fiscalía Federal con el recién consumado golpe de Estado de 1976. Fue durante estos años, un destacado representante de la Justicia de Argentina que habilitó el Hábeas Corpus, recogido en el artículo 43 de la Constitución de Argentina, para atender a las solicitudes de cientos de víctimas de la dictadura que rogaban acceder a información sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.

DICTADURA: SOLICITUDES RECHAZADAS

   Strassera resolvió prácticamente la mayoría de los casos, no obstante también figuran algunos en su contra. A destacar, la solicitud del ex gobernador provincial de Santa Cruz, Jorge Cepernic, cercano a la organización guerrillera Montoneros y la Tendencia Revolucionaria del peronismo (durante la presidencia de Héctor Cámpora en 1973), y detenido en 1976 debido a que autorizó la filmación de la película 'La Patagonia Rebelde'.

   Cepernic presentó un recurso de inconstitucionalidad por los motivos de su detención y la confiscación de sus bienes. En esta ocasión, Strassera falló en su contra.

   El fiscal dictaminó que "la privación de libertad encuentra su legitimidad en la misma Constitución Nacional, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional para arrestar a personas a su exclusiva disposición, en tanto a las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país". Y concluía: "Repugnar a la Constitución Nacional resulta inadmisible pues ello equivale a afirmar que la Constitución es inconstitucional".

   La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recordó, a través de su cuenta de Twitter, este caso en 2010, coincidiendo con la muerte del ex gobernador Cepernic. Strassera lamentó que la presidenta rememorase este triste rol de los fiscales y respondió: "Es muy posible que haya sido así. Yo era fiscal y cumplía con la legislación vigente".

   Otro de los casos mediáticos de la dictadura, fue en la toma de declaración a Lidia Papaleo, en relación a la causa de la agrupación Montoneros, que derivó en el robo de Papel Prensa para entregárselo a los periódicos nacionales 'Clarín' y 'La Nación'. Papaleo estaba detenida clandestinamente e internada en un hospital, debido a las torturas a las que fue sometida, por lo que solicitó un Hábeas Corpus que le fue negado.

DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA

   Julio César Strassera recibió el ascenso a juez de Sentencia en 1981 y tras el fin de la dictadura fue nombrado por el Gobierno democrático como fiscal ante la Cámara Federal.

   En 1983, el recién elegido presidente Raúl Alfonsín le encargó la tarea de armar la acusación contra los jerarcas del gobierno de facto. Strassera se valió del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y, sobre esa base, desarrolló una acusación sólida y eficaz.

   El proceso judicial se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos para condenar a nueve integrantes de las Juntas Militares (incluyendo jefes de Estado) que gobernaron Argentina durante el autodenominado 'Proceso de Reorganización Nacional' entre 1976 y 1983.

   El 9 de diciembre se dictó la sentencia, condenando a prisión perpetua al dictador Jorge Rafael Videla y al almirante Eduardo Massera, 18 años de cárcel para el general Roberto Viola, 8 años para el almirante Armando Lambruschini y 3 años y nueve meses para al brigadier general Orlando Ramón Agosti.

   El 'Juicio a las Juntas' fue el resultado del decreto número 158/83 del Gobierno de Raúl Alfonsín y el primer proceso masivo contra comandantes militares por el asesinato masivo de personas desde los Juicios de Núremberg contra los nazis, el único en el mundo hecho por tribunales civiles.

EXTRACTOS DEL ALEGATO FINAL EN EL JUICIO

   "Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después", comenzaba el alegato del ex fiscal, el 9 de diciembre de 1985.

   "Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la Nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan 'hechos políticos' o 'contingencias del combate'".

   Y concluyó el alegato final en el juicio a las Juntas Militares. "Señores jueces: 'Nunca más'".

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ETAPA DE ABOGADO

   Tras el juicio, renunció al Poder Judicial y en 1986 fue designado por el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) representante argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

   Renunció a ese cargo en 1990, en desacuerdo con los indultos presidenciales de Carlos Menem (1989-1999), sucesor de Alfonsín, en favor de los ex mandos militares condenados en 1985.

   Desde entonces, Strassera disfrutó de un breve paso por organismos internacionales, ejerció la docencia y la abogacía e integró la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

   En el año 2006 fue defensor del entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que enfrentó un juicio político por la tragedia de Cromañon donde fallecieron 194 personas.

ÚLTIMOS AÑOS: OPOSITOR AL 'KIRCHNERISMO'

   En sus últimos años de su vida cuestionó duramente al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al que denunció por sus "avances sobre la Justicia".

   "La Justicia no es partidaria por más que los jueces al momento de votar eligen. Yo he tenido jueces de todos los colores y nunca tuve problemas. Pero para ellos (el Gobierno) son todos enemigos. Cuando le fallan en contra son jueces enemigos. Pretenden colonizar el poder judicial, cosa que ha hecho la procuradora General de la Nación", señaló el ex fiscal sobre la jefa de fiscales, Alejandra Gils Carbó.

   "Vivimos en un Gobierno de ladrones y con el Código Procesal Penal quieren garantizar su impunidad (...) En lugar de fiscales van a nombrar alcahuetes, el Congreso es una manga de serviles, levantan mansamente la mano y dicen disparates. Son inútiles, dan vergüenza". Y concluyó su intervención de la semana pasada: "hay un 'curro' de los derechos", fueron algunas de sus frases en este último tiempo.

   El ex fiscal quería participar de la marcha del silencio por Alberto Nisman. Pero ese 18 de febrero, ya estaba internado en la clínica San Camilo, donde falleció este viernes 27 de febrero.