Publicado 17/08/2020 14:30CET

Familiares de presos políticos piden a la oposición que no participe en las próximas elecciones de Nicaragua

Nicaragua.- Familiares de presos políticos piden a la oposición que no participe
Nicaragua.- Familiares de presos políticos piden a la oposición que no participe - GETTY IMAGES / MAX TRUJILLO - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas de Abril, que reúne a las familias de los detenidos durante la ola de protestas desatada en abril de 2018 contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, ha pedido a la oposición que se niegue a participar en las elecciones generales de 2021 hasta que todos los presos políticos sean liberados.

Para la Asociación, que cifra en 99 los encarcelados actualmente por las manifestaciones de hace dos años, "no es aceptable" que la Coalición Nacional, que aglutina a la oposición nicaragüense, contemple participar en los próximos comicios sin que hayan sido liberados.

"No avalamos una salida electoral a la crisis sin condiciones, y la principal es sacar a nuestros presos políticos", ha dicho Grethel Gómez, madre de Hansell Quintero, que fue detenido el pasado mes de noviembre por llevar agua a un grupo de familiares atrincherados en una iglesia de Masaya y que ya ha sido excarcelado.

"Es ofensivo hablar de elecciones, de reformas, de ocuparse de garantizar cuotas de poder, cuando hay decenas de personas encarceladas por ser opositoras", ha indicado Tamara Robledo, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, según informa el diario nicaragüense 'La Prensa'.

La Coalición Nacional, de la que forman parte la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) --creadas ambas a raíz de los sucesos de abril de 2018--, se creó el pasado me de junio como una plataforma opositora para hacer frente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las urnas.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para el 7 de noviembre de 2021 serán las primeras tras la ola de protestas, que comenzó por una polémica reforma de la seguridad social y escaló hasta exigir la "democratización" de Nicaragua.

Más de 300 personas murieron en la represión de las protestas a manos de la Policía y grupos parapoliciales afines al Gobierno y otras cientos fueron detenidas. Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendaron en su momento procesar a Ortega por crímenes de lesa humanidad.

Ortega propuso entonces un diálogo nacional que descarriló pero sirvió al menos para liberar a decenas de detenidos. Ahora, la Coalición Nacional se centra en una propuesta de reforma electoral para garantizar que los próximos comicios sean justos y echar así del poder al líder sandinista, que suma casi 20 años de Gobierno entre sus cuatro mandatos.