BUENOS AIRES, 28 Ene. (Notimérica) -
Dos organismos integrados por los familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutua Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires (1994), la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune (APEMIA) y Memoria Activa, han pedido al Gobierno que se fortalezcan las investigaciones ante el despido de siete de los diez abogados que representaban al Estado en el juicio por la masacre.
Este atentado ha constituido uno de los mayores ataques terroristas de la historia de Argentina y el mayor sufrido por los judíos desde la Segunda Guerra Mundial. El estallido de un coche bomba en la sede de la AMIA se cobró un total de 85 muertes y 300 heridos.
Uno de los planteamientos ante las autoridades argentinas, fue realizado por APEMIA en una reunión que ha tenido lugar este miércoles entre esta asociación, representada por su líder, Laura Ginsberg, y el ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y el titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla.
El objetivo de esta reunión ha sido dialogar sobre la mejora de los mecanismos de investigación del atentado. Según ha informado la Presidencia en un comunicado, el ministro apoyará la investigación del caso y la constitución de una comisión independiente de investigación con el fin de "encontrar los puntos en común para establecer las bases para el trabajo de investigación".
Por su parte, Cimadevilla añadió que "estuvimos todos de acuerdo en los mecanismos de apoyo a la investigación que plantea el Ministerio de Justicia y los que promueve APEMIA no se excluyen. El esclarecimiento del atentado y las causas vinculadas es un objetivo primordial para nosotros, igual que para los organismos que nuclean a los familiares de las víctimas".
En este mismo sentido, la asociación civil Memoria Activa, que se reunió el pasado 17 de diciembre con Gravano y Cimadevilla, expresó en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter su "gran preocupación dada la falta de personal de la Secretería AMIA, y los recientes despidos de una abogada de la misma" así como por los despidos de los periodistas de la agencia Infojus, que dependía del Ministerio de Justicia y se encargaban de la cobertura del juicio.
"Solicitamos se tomen medidas y renueven esfuerzos con el fin de revertir esta situación, cuya solución sin duda, será una contribución a la búsqueda de verdad y justicia en la causa AMIA", señaló el organismo.
EQUIPO DE ABOGADOS DIEZMADO
La unidad de investigación de la AMIA ha sido elevada al rango de Secretaría por el Gobierno de Mauricio Macri, pero el cuerpo de abogados que integran la querella estatal ha quedado diezmado sobre todo por las salidas del exsecretario de Política Criminal, Luciano Hazán y la líder del programa ministerial Verdad y Justicia, Elizabet Gómez Alcorta.
Hazán renunció el pasado diciembre por la naturaleza política de su cargo y Gómez Alcorta anunció hace unos días su decisión de dejar el cargo después de que fueran despedidos diez de los integrantes de su programa ministerial que representaban al Estado en este proceso.
A pesar de ello, la renuncia de la letrada tomará forma a partir del 15 de febrero, por lo que participará en las dos primeras audiencias del juicio por encubrimiento que tendrán lugar este año.
El juicio ante el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires se retomará el próximo cuatro de febrero pero, según ha publicado la agencia Télam, fuentes oficiales han asegurado que es imposible que no haya representación del Estado ya que desde el Ministerio se ha tomado la decisión de apoyar y fortalecer este equipo jurídico.
Este segundo proceso que se inició en agosto del año pasado, juzga a un total de diez imputados, todos ellos ciudadanos argentinos, por encubrimiento y complicidad en el acto terrorista. Entre ellos se encuentran el expresidente argentino Carlos Menem, el exdirector de la Secretaría de Inteligencia en el momento del atentado, Hugo Anzorreguy, el antiguo juez de la causa, Juan José Galeano y el entonces titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja.
En 2001 la Justicia argentina inició el juicio de encubrimiento y complicidad en el atentado, dos años después, tras exhaustivas investigaciones, los fiscales Alberto Nisman, Eamon Mullen y José Barbaccia, así como el juez Juan José Galeano, acusaron formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado.