MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha pedido este miércoles a Uruguay que no otorgue asilo político al expresidente peruano Álan García, que denuncia que es víctima de una persecución política por las investigaciones judiciales en su contra por corrupción.
La FIDH ha sostenido en un comunicado que "no existe alguna situación de tipo humanitario que amerite amparo internacional", advirtiendo de que la intención de García al solicitar asilo político es "huir de la Justicia invocando una persecución política inexistente".
A este respecto, ha recordado que las pesquisas contra García obedecen a los presuntos sobornos que cobró de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obra pública. "El asilo político no solo no corresponde sino que además atenta contra los esfuerzos (...) para luchar contra el mal de la década en las Américas: la corrupción", ha esgrimido.
El vicepresidente de la FIDH, Juan Francisco Soto, ha subrayado que "Uruguay también está en la obligación de luchar contra este flagelo", conforme a los compromisos asumidos en las convenciones Interamericana de 1996 y de Naciones Unidas en 2003.
Soto ha considerado además que esta es "una oportunidad para Uruguay de demostrar su apoyo a la colaboración con la Justicia peruana", que es la que más avances ha logrado en la investigación sobre el escándalo de corrupción en Odebrecht, de acuerdo con el criterio de la FIDH.
En un paso más, la FIDH ha instado "a los estados del continente americano a establecer un mecanismo de cooperación entre las fiscalías y sistemas judiciales nacionales que les permita actuar eficazmente y garantice su imparcialidad e independencia frente a los gobiernos y a los grupos de poder" que quieran frenar dichas pesquisas.
En el caso de Perú, según cifras del Defensor del Pueblo citadas por la FIDH, la corrupción le cuesta cada año 3.600 millones de dólares al país, lo que equivale al diez por ciento del presupuesto anual de la nación andina.
PETICIÓN DE ASILO
García pidió asilo la noche del sábado en la residencia del embajador uruguayo en Lima porque, según esgrimió su abogado, las autoridades peruanas preparan una ofensiva judicial en su contra que incluso podría poner en peligro su integridad física.
El exmandatario tiene una prohibición de salida de Perú porque está siendo investigado por presuntos sobornos en la construcción de un tren para Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora brasileña Odebrecht, protagonista de un escándalo de corrupción a escala regional.
García, que vive la mayor parte del tiempo en España, ha sido objeto de varias investigaciones judiciales en relación con sus gobiernos (1985-1990 y 2006-2011), incluyendo los supuestos tratos con narcotraficantes para indultarles a cambio de dinero.
El actual presidente, Martín Vizcarra, ha defendido en Twitter que "no existe persecución política" alguna contra García". "Todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones", escribió urgiendo a su antecesor en el cargo a someterse a los tribunales peruanos.