MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha estampado este viernes su firma en una nueva ley antiterrorista cuyos críticos, entre ellos la ONU y la ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), han denunciado como un posible instrumento de persecución política contra disidentes y opositores al mandatario, en particular musulmanes filipinos de la región de Mindanao, uno de los focos del conflicto armado en el país.
La llamada Ley 11479, o Ley Antiterrorista de 2020, deroga la Ley de Seguridad de 2007 y otorga, para empezar, más poderes de control y vigilancia a las fuerzas del Gobierno filipino. Asimismo, define como "terrorista" a "cualquier persona que participe en cualquier actividad que ponga en peligro la vida de una persona, cause daño o destrucción a una instalación gubernamental o propiedad privada, desarrolle o posea dispositivos explosivos o armas, y use cualquier arma destructiva".
Entre sus características más polémicas se encuentra una disposición que permite arrestar a presuntos terroristas sin orden judicial y detenerlos sin cargos por hasta 24 días, así como la tipificación del cargo de "incitación al terrorismo" a través de "discursos, banderas, proclamaciones, escritos, eslóganes o cualquier otro tipo de representación", todo bajo la autoridad suprema de un Consejo Antiterrorista y penas máximas de hasta 12 años en prisión.
La ratificación de la ley ha sido anunciada por el portavoz de la Presidencia, Harry Roque, a cuyo entender la nueva normativa "demuestra el serio compromiso del país con el terrorismo, que ha asolado nuestro país desde hace mucho tiempo y ha causado un dolor inimaginable a muchos de nuestros compatriotas", según declaraciones recogidas por CNN Filipinas.
Mindanao se encuentra bajo estado de emergencia desde el 23 de mayo de 2017 después de que el grupo armado Maute, vinculado con la organización terrorista Estado Islámico, asaltara la ciudad de Maraui. Desde entonces, la imposición de la autoridad militar sobre la provincia se ha prolongado hasta en tres ocasiones.
A ello hay que añadir la existencia de grupos rebeldes comunistas que llevan luchando contra las fuerzas del Gobierno de Filipinas desde finales de la década de 1960, lo que les convierte en uno de los movimientos insurgentes más antiguos de Asia.
Consciente de las múltiples acusaciones de uso excesivo de la fuerza de las que ha sido objeto el Ejército filipino en el conflicto de Mindanao, Roque ha asegurado que esta ley no tiene por objetivo castigar especialmente a la población musulmana. "Esta legislación está diseñada para luchar contra el terrorismo, no contra un grupo étnico o regional en particular", ha añadido.
Ni la ONU ni HRW comparten esta opinión. Este martes, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al presidente Duterte que "se abstenga" de firmar el controvertido proyecto de ley antiterrorista, al avisar de que su aprobación no hace sino aumentar la preocupación sobre "cualquier confusión entre las líneas que separan crítica, criminalidad y terrorismo."
Por su parte, el director de HRW para Asia, Phil Robertson, ha pronosticado que la nueva ley de Duterte no solo "va a empeorar significativamente la situación de los Derechos Humanos" en Filipinas, sino que "va a encaminar la democracia en el país hacia un abismo".
"Supone dar luz verde no solo a la persecución sistemática de críticos y opositores al presidente, sino de cualquier ciudadano ordinario filipino que se atreva a levantar la voz. Es un completo desastre en proceso", advirtió Robertson en un comunicado emitido a principios del mes pasado por la organización.
Así las cosas, la oposición filipina ha anunciado el inicio de una batalla legal para anular la ley. El senador Francis "Kiko" Pangilinan, ha avisado en este sentido que el antiguo magistrado Antonio Carpio presentará una denuncia ante el Supremo contra lo que calificó como "medida draconiana" del presidente filipino.