Imagen de archivo de la Policía de Filipinas. - Europa Press/Contacto/Kenosis Yap
MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -
El senador y ex jefe de la Policía de Filipinas Ronald Dela Rosa, contra el que pesa una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), ha afirmado este martes que se entregará a las fuerzas de seguridad para su detención y posterior traslado a Países Bajos si es encarcelado con el expresidente Rodrigo Duterte, acusado de cometer supuestos crímenes contra la humanidad.
Dela Rosa, que se encuentra a la fuga desde que huyera el pasado jueves de la sede del Senado en la que se encontraba atrincherado desde hacía días para evitar ser detenido, ha aclarado que está dispuesto a entregarse en ese caso, pero ha hecho hincapié en que "debe haber una orden de arresto" antes de que pueda entregarse.
"Si estamos en la misma celda estamos juntos, pero si no, si estamos alejados, no habrá comunicación entre nosotros y entonces nos debilitaremos", ha apuntado, según informaciones del diario 'The Philippine Star'.
No obstante, ha reiterado que el TPI carece de jurisdicción sobre Filipinas, como ya venía asegurando en el pasado el propio Duterte, que se encuentra bajo custodia en la ciudad de La Haya a la espera de que arranque el juicio en su contra por crímenes contra la Humanidad en relación con dicha campaña.
El pasado 23 de abril, la corte confirmó todos los cargos presentados contra el expresidente filipino y decidió finalmente enviarlo a juicio. Con todo, su detención y entrega es objeto de debate en el país, donde cuenta con una base de seguidores fieles, y su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, ha anunciado su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2028.
Además, el TPI ha hallado "motivos razonables para creer que Dela Rosa es presuntamente responsable penalmente como coautor indirecto (de conformidad con el artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma) del crimen de lesa humanidad de asesinato" en el marco de la "guerra contra las drogas" puesta en marcha bajo la Administración de Duterte.
Así, establece que el senador "participó en un plan común que se extendió aproximadamente desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2019 para asesinar a presuntos delincuentes en Filipinas (incluidos aquellos percibidos o presuntamente asociados con el consumo, la venta o la producción de drogas)".