MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
La "guerra contra las drogas" emprendida por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha dejado al menos 870 asesinatos en el país, de los cuales al menos 71 eran mujeres y al menos 24 eran menores de edad, según el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR, por sus siglas en inglés).
La organización, que ha analizado un total de 579 casos en el marco de esta operación, ha concluido que los 451 casos de homicidios presuntamente vinculados a operaciones policiales sumaron 705 víctimas y, de este número, la Policía afirma que 466 personas iniciaron agresiones o se resistieron al arresto. Además, señala la CHR que solo un 11 por ciento de las víctimas sobrevivieron.
De estos, al menos 87 víctimas tenían heridas o lesiones, en su mayoría múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, generalmente la cabeza, el pecho, el tronco y el abdomen. También se han encontrado golpes, heridas y laceraciones en algunas de las víctimas.
En cuanto a las regiones, a pesar de que los asesinatos "se extienden por todas las regiones administrativas", han sido la Región III y la Región IV-A las que más asesinatos presuntamente vinculados a la campaña antidrogas del Gobierno han notificado.
La comisión ha denunciado "obstáculos recurrentes para acceder a los registros policiales relacionados con los casos en cuestión", algo que ha afectado el alcance del análisis.
Mas allá de los asesinatos, la CHR ha obtenido 90 informes completos de los cuales 77 contenían resultados de investigaciones internas en las que se recomendaba que los agentes policiales involucrados en dichos incidentes fueran premiados, recompensados o reconocidos. Algunos informes, además, confirman la legitimidad de las operaciones, mientras que en pocos se recomendaba que los agentes participantes fueran absueltos de responsabilidad penal o administrativa.
En este contexto, la comisión ha reafirmado su voluntad de "asociarse con el Gobierno para descubrir la verdad detrás de estos asesinatos y otras formas de violencia" vinculados con la campaña antidrogas emprendida por Duterte, a la vez que el informe incluye recomendaciones al Gobierno para impulsar la investigación de estas muertes de manera "rápida, efectiva y exhaustiva".
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha autorizado la apertura de una investigación en relación a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el marco de la llamada "guerra contra la droga".
Por su parte, la Policía de Filipinas ha cifrado en casi 8.000 los muertos en esta ofensiva emprendida por el mandatario.