MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch, especializada en el seguimiento de la situación de los Derechos Humanos en el mundo, ha denunciado que nueve activistas filipinos han sido asesinados y otros cuatro han sido detenidos en una serie de redadas efectuadas este domingo por las fuerzas de seguridad del país.
Según asociaciones civiles locales, como Altermidya, uno de los asesinados ha sido identificado como Manny Asunción, coordinador del grupo de izquierda Bayan en la provincia de Cavite. También murieron dos miembros no identificados de una asociación de lucha contra la pobreza en la ciudad de Montalbán, provincia de Rizal.
Otros dos fallecidos son la pareja formada por Chai-Lemita y Ariel Evangelista, activistas por los derechos de los pescadores en la provincia de Batangas.
Entre los arrestados figura un líder sindical, otro miembro del personal de Bayan y un asistente legal del grupo de derechos de presos políticos.
HRW entiende que "estas redadas parecen ser parte de un plan coordinado por las autoridades para asaltar, arrestar e incluso matar a activistas en sus hogares y oficinas" y forman "claramente parte de la cada vez más más brutal campaña del gobierno destinada a eliminar la insurgencia comunista", que ya "no distingue entre rebeldes armados y activistas no combatientes, líderes laborales y defensores de los Derechos Humanos.
"No es una coincidencia", apunta el subdirector para Asia de HRW, Phil Robertson, "que estas redadas mortales ocurrieran dos días después de que el presidente Rodrigo Duterte ordenara a la Policía y al ejército que "mataran a todos" los comunistas".
La ONG denuncia que las operaciones han sido organizadas por el Mando Sur de Luzón de las Fuerzas Armadas de Filipinas, dirigido por el Teniente General Antonio Parlade Jr., quien ha liderado una cruel campaña de "marcados en rojo" contra los activistas, a quienes ha acusado de mantener vínculos con rebeldes sin proporcionar ninguna prueba que pueda sostenerse en un tribunal de justicia.
"El Gobierno de Filipinas debe actuar ahora para investigar el uso de la fuerza letal en estas redadas, detener el caos y los asesinatos que han ido de la mano con la práctica de la 'etiqueta roja' y respetar los derechos de los filipinos a ejercer sus derechos civiles y políticos para disentir", concluye el comunicado de HRW.