MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles que las autoridades de Filipinas siguen sin tomar acciones legales contra 80 sospechosos de haber participado en la masacre de Maguindanao en 2009, en la cual líderes políticos habrían sido asesinados junto a sus simpatizantes siguiendo la orden de una influyente familia filipina, los Ampatuan.
La organización ha explicado que el 19 de diciembre de 2019 un tribunal de Ciudad Quezon, en el norte del país, emitirá sus veredictos para los 107 acusados del asesinato de 58 personas, además de por otros delitos.
"Las familias de las víctimas y testigos de Maguindanao estarán en riesgo mientras los sospechosos permanezcan libres", ha denunciado el subdirector para Asia de HRW, Phil Robertson, haciendo referencia a los tres testigos del caso que han sido asesinados desde entonces y por los cuales nadie ha sido detenido.
"Independientemente de los veredictos en el caso, las autoridades filipinas deben detener a varias docenas más de sospechosos que aún se encuentran en libertad", ha insistido Robertson.
Entre los sospechosos que no han sido arrestados hay 14 miembros de la poderosa e influyente familia Ampatuan, la cual, supuestamente, ha explicado HRW, planeó y llevó a cabo la matanza de 58 personas que se dirigían a Maguindanao, una provincia musulmana en el sur de Filipinas, para presentar la candidatura de Esmael Mangudadatu, por entonces vicealcalde de la ciudad de Buluán.
Antes de que la comitiva --formada por familiares, seguidores y periodistas-- llegara a su destino fue interceptada por un "ejército privado" formado por policías y soldados que les condujeron a una colina donde fueron ejecutados y enterrados en fosas.
Mangudadatu había desafiado el alcalde de Datu Unsay, Andal Ampatuan Junior, principal sospechoso del crimen e hijo del gobernador de Maguindanao, Andal Ampatuan, y miembro de uno de los principales clanes políticos musulmanes de Mindanao.
La Policía ha asegurado que continúa teniendo problemas para localizar al resto de sospechosos, pues muchos de ellos han huido con los grupos rebeldes que se asientan en el sur del archipiélago filipino.
Las víctimas y sus abogados han denunciado amenazas y presiones desde que comenzase el juicio en 2010, algunas incluso, como ha alertado la ONG, han tenido que buscar cobijo fuera de Filipinas.
El caso Maguindanao se ha prolongado durante una década en parte debido a la gran cantidad de víctimas y testigos a los que han recurrido tanto la defensa como la acusación.
No obstante, tal y como ha explicado HRW, el proceso podría haber sido más lento si la Corte Suprema de Filipina no hubiese creado un tribunal especial para caso, que ayudó a acelerar ciertos procedimientos.
Sin embargo, se espera que tras los veredictos, los acusados apelen con lo que el proceso podría durar más años todavía. Aunque como al tratarse de un caso de asesinato los culpables no podrán salir bajo fianza hasta que el tribual emita un veredicto final, Robertson ha insistido en que "las reformas reales exigen a la Policía que esté comprometida en la detención de todos los sospechosos criminales".