Publicado 15/06/2020 04:22

Filipinas.- La Justicia de Filipinas condena a la periodista Maria Ressa por ciberdifamación

Filipinas.- La Justicia de Filipinas condena a la periodista Maria Ressa por cib
Filipinas.- La Justicia de Filipinas condena a la periodista Maria Ressa por cib - Dave Tacon - Archivo

MANILA, 15 Jun. (DPA/EP) -

La periodista filipina y directora del portal de noticias 'Rappler', Maria Ressa, ha sido condenada este lunes por difamación cibernética por un tribunal de Manila, en un juicio histórico que para los críticos supone un nuevo ataque del presidente del país, Rodrigo Duterte, contra la libertad de prensa.

Ressa, de 56 años, dirige desde 2012 'Rappler', un portal de noticias crítico con el Gobierno de Duterte y en especial contra su polémica lucha contra las drogas, que según cifras de Naciones Unidas ha dejado hasta el momento un saldo de casi 9.000 víctimas mortales.

La periodista ha sido condenada junto a su compañero de profesión Reynaldo Santos por un artículo publicado por 'Rappler' en mayo de 2012 en el que se relacionaba al empresario y demandante Wilfredo Keng con el tráfico de personas y el contrabando de drogas.

Ambos han sido condenados a pagar 400.000 pesos flipinos (unos 7.000 euros) a Keng. La sentencia es recurrible por lo que no entrarán todavía a prisión. Ressa, declarada persona del año en 2018 por la revista 'Time', se enfrenta a una condena de hasta siete años de cárcel.

El texto se publicó cuatro meses antes de que el Gobierno promulgara una ley contra la ciberdifamación en septiembre de 2019, lo que ha generado las críticas de varias organizaciones de prensa y de Derechos Humanos al considerar que la legislación es un nuevo intento de silenciar a periodistas y críticos de Duterte.

No es la primera vez que la Justicia filipina persigue a 'Rappler' desde que Duterte asumiera el cargo en julio de 2016, tal y como ha recordado el periódico filipino 'The Philippine Star'.

El portal de noticias ha tenido que hacer frente desde entonces a varias acusaciones por parte de las autoridades filipinas, la mayoría de ellas relacionadas con su financiación y actividades económicas.

Así, en 2018, el medio de comunicación fue acusado de supuesta evasión de capitales, de la que tendrá que defenderse ante el Tribunal de Apelaciones de Impuestos. La ley permite que pueda seguir operando hasta que haya una decisión en firme por parte de la Justicia.