El político, primer impulsor de la brutal campaña antidroga de Duterte, está a la espera de una decisión final de la hija del presidente
MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El senador Ronald Dela Rosa, considerado como uno de los grandes ejecutores de la polémica campaña contra el narcotráfico abanderada por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado este viernes que se presentará a las elecciones del año que viene para suceder al mandatario al frente del país.
El senador, apodado 'Bato' (La roca) ha presentado su candidatura por el partido del Gobierno, el Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laban) en el último día para el registro de los candidatos a las elecciones de mayo de 2022, donde será elegido el sucesor del presidente, que termina mandato.
"Mi partido político me respalda por el motivo de que no ven a nadie más para poder continuar con el legado de nuestro presidente Duterte en la lucha contra las drogas, el crimen y la corrupción", ha declarado Dela Rosa, de 59 años de edad y jefe de la Policía Nacional al comienzo del plan antidroga de Duterte en 2016.
La candidatura de Dela Rosa parece poner punto y final a los rumores de que la hija de Duterte, Sara Duterte-Carpio, aspiraba a suceder a su padre al frente del país. Sin embargo, el propio senador ha asegurado que podría retirar su candidatura si la alcaldesa de Davao decide finalmente presentarse a última hora.
"Ésta es una decisión de partido, esta no es mi decisión personal. Si depende de mí, lo haría igualmente, pero también creo que es mejor que se presente ella", ha afirmado a la cadena. La hija de Duterte ha reiterado en las últimas horas que su única intención es la de presentarse a la reelección a la Alcaldía de Davao.
Duterte pondrá fin a cinco años en el poder marcados por su brutal campaña antidroga, duramente criticada por organismos internacionales al considerar que la Policía ha sido partícipe en asesinatos extrajudiciales y campañas de terrorismo en su persecución contra los narcotraficantes, extendida bajo cuerda a la población civil.
Grupos pro Derechos Humanos creen que el número total de muertos en estas operaciones podría estar entre los 27.000 y 30.000, y acusan a las autoridades de llevar a cabo ejecuciones sumarias en las que murieron sospechosos inocentes, incluidos niños.
De hecho, una investigación de la ONU detalló en su momento que entre los muertos había al menos 73 menores de edad, y el más joven de solo cinco meses. Todos ellos se suman a un gran número de personas asesinadas por pistoleros, muchos de ellos agentes de Policía en activo o retirados.